Reforma electoral en el horno: planes A y B, austeridad, algofobia y lo que no se leyó

* AMLO vs INE: dos concepciones; servicio público en alto contraste    

* El Plan A, documento que pasó de noche: 10 puntos a meditar   

* Fondo y forma política: INE, conducta y percepción popular

PARA ESTA ESCALA, primero una cita que me parece iluminadora: “Hoy impera en todas partes una ‘algofobia’ o fobia al dolor, un miedo generalizado al sufrimiento. La algofobia se extiende al ámbito social. Cada vez se deja menos margen a los conflictos y las controversias. (…) La política se acomoda en una zona paliativa y pierde toda vitalidad. En lugar de discutir y luchar por alcanzar argumentos mejores uno cede a la presión del sistema. Se está propagando y asentando una posdemocracia, que es una democracia paliativa (atenuante, sedante, simulada)”. (Byung Chul-Han, La sociedad paliativa, 2021).

AVENIDA SERVICIO PÚBLICO  

ES NOTORIA la confrontación discursiva que por 4 años mantienen el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, con intervenciones de otro consejero ciudadano, Ciro Murayama. El primer round siguió la ruta del dinero: ante el cambio promovido por AMLO, en la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, de que “ningún servidor público puede tener un salario mayor que el depositario del Poder Ejecutivo”, Córdova y Murayama (con otros funcionarios de alto rango) tramitaron amparos. No gustó la austeridad como horizonte. En salario neto más viáticos y bonificaciones, cobraban 3 veces más que los 136 mil 700 pesos netos mensuales que se estableció AMLO. 

No fue caso único. El 25 de julio de 2022 la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO) reportó que al menos 10 funcionarios cobraban más que el Presidente, contraviniendo una reforma constitucional que el Congreso aprobó en 2021. En el informe de Profeco, el salario neto de Córdova se reportó en 240 mil 500 pesos. Seguía muy arriba del salario presidencial.   

VER EL FONDO DE LA OLLA

ES IMPORTANTE precisar los orígenes de la confrontación discursiva AMLO-INE, porque la burocracia dorada en México tiene una concepción patrimonialista del servicio público: el presupuesto federal se ejercía como propiedad privada, no como propiedad de la Nación.

Vale la pena recordar aquí un graffiti memorable que llenó las calles de Francia cuando en 2019 se discutió la privatización de varios servicios públicos: “Cuando todos los servicios sean privados, estaremos privados de todo, ¡viva el servicio público!”, así que también está en juego la visión del gobierno para servir a la ciudadanía (o servirse), no sólo el jaloneo financiero y los sueldos a servidores públicos.   

Los tiempos políticos elegidos para discutir una reforma electoral son cruciales para su avance o estancamiento. Expertos en la materia opinan que una reforma camina mejor si se propone al principio de un sexenio y se prueba en las elecciones federales intermedias, antes de la contienda presidencial. En el sexenio de la 4T, desde el primer día de gobierno AMLO avisó que antes de 2021 (elecciones intermedias) no haría reforma hacendaria ni reforma electoral. Lo cumplió, aunque Morena y sus aliados -con mayoría calificada en el Congreso- pudieron darse un festín de aprobaciones al vapor. No sucedió, ¿por qué? ¿Exceso de confianza o cálculo político para exponer a los opositores?           

LOS EXTREMOS NO SE TOCAN

DESDE MEDIADOS de 2022, el presidente López Obrador puso énfasis en una iniciativa de reforma electoral con rango constitucional, que finalmente fue bloqueada por la oposición y no llegó a discutirse en el pleno de las cámaras. ¿Qué contenía el documento, conocido ahora como Plan A? Aquí van los puntos principales, que coincidían con una encuesta realizada (y ocultada) por el INE. Otro misterio.

1) recortar recursos a partidos y al Instituto Nacional Electoral (INE), para aminorar el exorbitante gasto en campañas (“México, entre las 5 democracias más caras”: informe UNESCO 2021); 2) elegir consejeros ciudadanos y magistrados del tribunal electoral, propuestos por los tres poderes, en comicios abiertos (voto popular); 3) unificar la autoridad electoral y eliminar los órganos locales, para que una sola institución realice capacitación y logística en los 32 estados; 4) reducir el número de legisladores en ambas cámaras (300 diputados, en lugar de 500; 96 senadores en lugar de 128) y de consejeros INE (pasar de 11 a 7); 5) reducir a 30 minutos diarios la propaganda política en TV y radio; 6) consulta ciudadana vinculante con el 33% de los votos, y no con el 40% que es la norma actual; 7) implementar el voto electrónico; 8) El INE cambia de nombre, no desaparece. Se llamaría Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC).

Lo anterior es debatible y perfectible. Había que leer, por supuesto, el documento de 450 páginas que pocos citaron. Lo que sucedió fue la descalificación sin más, de uno y otro lado; tal vez por los tiempos políticos en que se presentó la iniciativa de reforma: cuarto año del sexenio. De cualquier modo, el debate de ideas fue sustituido por ruido mediático y la consigna “el INE no se toca” (marcha 12/11/2022). Después, en sesión de 8 horas, sin lectura legislativa cuidadosa del Plan B (6/12/2022), la mayoría con Morena aprobó un ajuste de leyes secundarias que va a tribunales. La discusión legislativa sobre la reforma electoral volverá en febrero. ¿Habrá debate o algofobia, miedo al conflicto? El tema da para más, aunque cueste escuchar razones.  

(vmsamano@hotmail.com)