Poder Político

México tendrá por vez primera a una mujer en la Presidencia de la República desde el uno de octubre de este 2024, a Claudia Sheinbaum Pardo; a la puerta de conmemorarse 200 años como país constituido; en la definición propia de sus capacidades y competencias, se asume poseedora de los argumentos para conciliar un programa de gobierno que transite a los estadios de justicia social, que ancestralmente ha sido defraudada por aquellos a quienes antes les otorgó el poder público.

A Sheinbaum Pardo hay que creerle y también tomarle la palabra con acciones por parte del colectivo social, acompañarle en este esfuerzo porque la participación ciudadana no concluye con haber depositado el voto. Por lo contrario, los tiempos y circunstancias actuales exigen involucrarse para concretar en hechos lo comprometido.   

Cerrar las brechas de una evidente asimetría en el progreso entre entidades locales, y al interior de estas, debe ser una prioridad por impactar en la calidad de vida arraigadas con políticas públicas que de raíz estructuralmente sean solución.

La aún ganadora de la elección al cargo de la Presidencia de México espera a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita sentencia sobre las impugnaciones y califique el apego constitucional de los resultados, para recibir la constancia al cargo de poder público.

Sin filias ni fobias, la próxima poseedora de la banda presidencial debe ser receptiva al diálogo con la oposición, anteponer el esencial ejercicio de la política en el propósito de armonizar la democracia de una gobernabilidad que les involucra a todos por el bien común de los mexicanos.

En el contexto de una reconfiguración entre los estados y la correlación de Poderes entre el Ejecutivo y un Legislativo afines, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque no así en el Senado, la hoja de ruta debe asumir la observancia de respetar la esencia del Judicial sumado a los contrapesos de los organismos autónomos; incluido al Instituto Nacional Electoral a cargo de la renovación de la gobernanza que les fue confiada sobre el entramado democrático de la voluntad popular.    

Tanto poder se le concedió al régimen autodenominado de la Cuarta Transformación que en la dicotomía de los tentadores excesos tendrá que armonizar su conducta en la función pública con el esencial artículo 40 constitucional federal, que enuncia:

«Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental».

Bajo el paraguas de una geopolítica preocupada porque este precepto del principal documento del Estado de Derecho sea tergiversado, en la semana posterior a las votaciones generales de inmediato empezó a reflejarse el nerviosismo en aspectos como un volátil mercado de valores mexicano con pérdidas del 8 por ciento del capital entre las empresas de mayor plusvalía que cotizan; sumado a la paridad cambiaria de depreciación del peso con respecto al dólar como divisa de referencia internacional.

La desafortunada declaración por parte del senador Ricardo Monreal y el diputado Ignacio Mier, en el sentido de concretar el denominado «Plan C» de las 20 iniciativas de reformas constitucionales recicladas, que por su transgresión al Estado de Derecho fueron ya revocadas, pueden marcar la diferencia entre que este país se quede con una economía precaria o transite a un estatus de pujante prosperidad.

Las bondades que ofrece la posición de México en la Geopolítica, implicada la vecindad con su principal socio comercial; los Estados Unidos de América, le favorecen como un destino natural para el asentamiento en la relocalización de las empresas procedentes de Asia, el fenómeno denominado «nearshoring» que contribuye a tener un exponencial crecimiento socioeconómico, la última oportunidad considerada por Claudia Sheinbaum Pardo en su programa de gobierno para atraerles.  

Ni el Instituto Nacional Electoral, ni la Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública entre los principales órganos de gobierno autónomo contrapeso democrático a cualquier abuso del gobierno central, el Poder Ejecutivo, pueden ser disueltos; aún menos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, blindados en su caso por el T-MEC.

Qué paradoja pretender purificar el Poder Judicial mediante un voto popular, cuando se impuso a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la nación; su pernicioso desconocimiento se aprecia cada que delibera o presenta un proyecto de sentencia como los 13 fideicomisos del Poder Judicial, al grado que la ministra Jazmín Esquivel votó en contra.

eduhdez@yahoo.com