Poder Político

La máxima «Política mata a Derecho» envuelta en el manto de la impunidad en la vida pública de una nación mexicana que se precia de «democrática» ya no puede ser permisiva, aún menos en el ecosistema para renovar por voluntad popular a las Autoridades de Gobierno; atribuida la función constitucional de organizar elecciones a un Árbitro, federal y local, y a la Autoridad Jurisdiccional para el efecto de impartir justicia en las controversias entre los competidores e incluso con los organismos.

El INE, los Organismos Públicos Locales y las Autoridades Jurisdiccionales no pueden permitir que se violenten las reglas del juego que los partidos políticos a través de sus congresistas establecieron en la Reforma Política de 2014 y anteriores de 2007, 1996 y 1990, fecha esta última que dio paso a la institucionalidad.

Ilegalmente las partes designaron candidatura, con el disfraz de una coordinadora y responsable de coaliciones en unas campañas anticipadas, seguido de placearse por el país antes y durante las precampañas y campañas previstas por la ley y el calendario electoral. 

En el contexto de la máxima «Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie», acuñada en 1876 por el expresidente «legalista» José María Iglesias, al Árbitro y Juzgador Electoral como entes institucionales no tienen ni deben por qué temblarle lengua cuando haya que alzar la voz ni la mano para asumir las decisiones que correspondan en una renovación cuasi total de gobernantes; evitando que se les salga del control el proceso ante una evidente polarización entre competidores, para nada deseable. Nadie se manda solo.

En la unión de los partidos políticos en sus respectivas coaliciones de naturaleza electoral debe prevalecer la mutua cordura, la civilidad, entendiendo que en una competencia por la Presidencia de la República y por el Congreso de la Unión con la concurrencia de las del ámbito estatal; tienen que ceñirse a los Principios Rectores de «Certeza, Legalidad, Imparcialidad, Independencia, Objetividad y Máxima Publicidad», habida cuenta que el comportamiento debe y tiene que ser de una sensata campaña de compromiso sustantivos con los potenciales votantes.

La «Calidad de la Democracia» exige al Árbitro Electoral, el genuino Cuarto Poder Público, a partidos políticos y a sus candidaturas el respeto a un mandato constitucional en la dicotomía de lo trascendental y una polarización social, habida cuenta como en toda competencia electoral hay un sólo ganador elegido por la mayoría de los potenciales electores, con la capacidad que debe haber entre aspirantes para aceptar el resultado independiente de que el cómputo de resultados les favorezca o no.

Bajo el paraguas de los contrapesos, los competidores que se sientan agraviados en cualquiera de las etapas que entrañan las votaciones tienen el lícito derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante los recursos previstos, incluido el Juicio de Revisión Constitucional, el máximo en el escalafón que implica validar o anular candidaturas ganadas que pudieran no sr no legales.

Por ninguno de los motivos tiene que exacerbarse el orden social inherente al «Estado de Derecho», transgredirle más allá de la libertad de manifestación, entrado a la sinrazón de bloqueos como mecanismo de presión y los intentos por impedir una transición de poderes. Ejemplos los ha habido muchos en la transversalidad de los tiempos y circunstancias de la historia de México.

Entre los tantos acontecimientos recientes habrá que recordar el extremismo de una furia desatada por el senador Félix Salgado Macedonio a quien el INE le canceló su candidatura al gobierno de Guerrero por incumplir con el reporte de sus gastos de precampaña; en respuesta se plantó dentro de las instalaciones del Árbitro y amenazó con vandalizar los domicilios de los Consejero Electorales, sobre todo del Presidente. 

Los desfiguros del senador por no cumplir con las reglas del juego electoral como de otras 43 candidaturas en nada abonan a la vigencia del apotegma acuñado por el expresidente Benito Juárez: «Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho».

Los jugadores en la competencia por la gobernabilidad ejecutiva y legislativa de México, federal y local deben tomar en consideración de no estirar la liga al extremo de escenarios de anular elecciones hasta en gubernaturas; como la de Tabasco en el 2000 y en Colima por dos ocasiones, 2002 y 2015.