Reforma al PJF, un tema de justicia social

Antes de despedirse del Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador quiere cerrar con broche de oro, por lo tanto el 12 de febrero del año en curso, envío una propuesta de Reforma al Congreso de la Unión, que al parecer por cuestiones de tiempos se va a heredar a la recién electa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, considera que se debe generar un debate nacional para considerar los aspectos centrales de la reforma al Poder Judicial de la Federación, y reflexionar sobre las bases de esta modificación, que quizás podría afectar el desempeño judicial al enfocarse en popularidad.

En caso de que sea aprobada será de aplicación de todas las entidades federativas.  Al parecer y de acuerdo con los cuatro puntos importantes de esta acción lo que se busca es derrocar el legado de oligarquía que ha prevalecido, optimizar, transparentar y hacer del poder judicial de la federación un sistema austero, democrático, donde impere la justicia y prevalezca el orden para el pleno servicio de la ciudadanía y no de unos cuantos.

¿Y qué es el Poder Judicial de la Federación? Es un órgano que se encarga de resolver los conflictos entre las personas y los órganos de poder, así como de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, además de los derechos políticos electorales de las personas. (SIC) Pero AMLO, ha señalado que la se ha desmejorado la esencia del PJF, en específico se ha visto desfigurada por bandos con intereses personales, quedando a un lado los asuntos de la población.

Los puntos clave:

1.- Nueva integración de la suprema Corte de Justicia de la Nación, 2.- Elección popular de ministros, magistrados y jueces, con esto se asigna a los ciudadanos la tarea de evaluar los perfiles de los aspirantes y elegir a los más calificados para el cargo 3.- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, esto es que se dividirá en dos nuevas instituciones las cuales garanticen legalidad 4.- Nuevas reglas procesales para que la justicia sea expedita, y se resuelvan los asuntos del pueblo sin retrasos.

En cuanto a la integración de la SCJN la reforma establece que se va a reducir el número de ministras y ministros de 11 a 9 integrantes. Y se reducirá el periodo del encargo de 15 a 12 años.

Eliminar las dos salas que existen para que se realicen sesiones en el pleno, las cuales buscan transparencia y que la ciudadanía conozca el desarrollo del proceso y sea consciente de los dictámenes que se emitan.

Muy importante porque se trata de dinero público, dinero que se va en gasto corriente y pago de la burocracia, así que se va a ajustar las remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de la República, sin excepción, esto es para la alta burocracia y muchos pueden pensar que lo merecen por los años de esfuerzo y preparación, pero sí es una cantidad exorbitante, que se debe regular porque la administración pública es un trabajo de servicio a la población, no son empleos para enriquecerse y mucho menos para hacer negocios. También se eliminará la pensión vitalicia para los actuales y futuros ministros y ministras. Sin duda, son acciones que una administración que ha encontrado la manera de establecer un equilibrio económico, justicia social, trato respetuoso y amable para todos.  

De igual manera esta reforma estipula las medidas sobre el proceso electoral y los resultados de la elección, reglas que se contraponen al tráfico de influencias, nepotismo, complicidad, etc., entre otras aseveraciones.