Los inéditos comicios del 1 de junio
Colaboración Invitada
Cuando a voluntad de disocia el discurso sin considerar los elementos a la vista en la realidad del momento, cuando, además, ello se hace con denodada intención de hallar la manera de criticar lo que de antemano no se quiere aceptar, se está bordeando la mentira, se están usando maliciosa y tramposamente las palabras, acomodándolas de tal manera que se lean y oigan convincentes, pero en su raíz con falaces, porque se construyen sobre una pequeña parte de una realidad completa. Es concretamente un argumento quizás técnico, adornado con elementos académicos, pero no realistas, y, lejano al propósito de juzgar justamente un tema, genera confusión entre los menos avezados y hace errar a muchos.
La discusión central sigue siendo -en el fondo- la misma, el conflicto entre dos modelos, pero no económicos como podría pensarse aunque por supuesto está implícito ese aspecto; es algo más burdo, es el conflicto entre los que se resisten a estar fuera del presupuesto; a ser ajenos al poder; a estar sin acceso a las decisiones de alto nivel; etc. -como siempre debió haber sido-; y, los que simplemente buscan hacer las cosas distinto, sin pretensión de ser mejores, solo con la intención de continuar por un camino que transforme de fondo la vida pública del país.
La reforma judicial que ya no es reforma sino ley, expuso de cuerpo entero las intenciones de quizás uno de los últimos reductos mediante el que grupos de poder económico y político mantenían control sobre temas que solo a esos grupos o personajes les interesan, pero no a la mayoría de los mexicanos; empresas o consorcios enteros que sencillamente no pagaban impuestos, y que, por el contrario, fueron beneficiarios de constantes condonaciones año con año durante varios sexenios.
No pecamos de ingenuidad, pero tampoco de necedad. Los cambios al interior del Poder Judicial de la Federación y en consecuencia a sus símiles entre los 27 Estados del país que se sumaron a la reforma constitucional, eran y son necesarios, no podía quedar al margen si lo que se busca es la transformación de la vida pública. Por tanto, aunque todo proceso legislativo que conlleva cambios estructurales tan relevantes en un Poder del Estado es perfectible en el tiempo, tendremos que esperar a la puesta en operación de esos cambios y entonces seguro vendrán los ajustes que sean necesarios, pero sin violentar el principio fundamental que ha dado sentido al movimiento de transformación, y eso es: "con el pueblo todo, sin el pueblo nada", palabras atribuidas al Benemérito de las Américas, don Benito Pablo Juárez García, de nacimiento indígena zapoteco que dirigió los destinos del país en un momento crucial para nuestra historia, momento en el que país pasaba por cambios que derivaron -entre otras cosas- en un Estado laico.
Dura tarea tiene la etérea oposición, "se les acabó la fiesta" sexenal, hoy tienen que echar mano de razonamientos que descoloquen al Gobierno, que les "compliquen" su desempeño al ser exhibidos como incompetentes, sin embargo, no sucede así, es todo lo contrario, en los pocos meses que lleva la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en funciones ha tomado decisiones y avanzado en temas importantes para el país, temas que atraviesan transversalmente todos los tópicos por los que la hoy oposición debió haber hecho algo durante tantos años en el poder, y simplemente no sucedió así, sin embargo, si podemos aludir con pruebas indiscutibles al saqueo institucionalizado; la corrupción galopante; las jubilaciones millonarias y al margen de la ley; las condonaciones millonarias; acuerdos y participación de la "industria" del crimen organizado; etc. La hoy oposición parece agazapada en una esquina, tratando de politizar lo apolítico.
No obstante las intentonas de una mayor parte de los ministros de la Corte de descarrilar el proceso desde antes que arrancara, los mexicanos en edad de votar estamos convocados a los comicios para elegir mediante voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia del país, proceso electoral inédito en México, que promete renovar -al menos la primer mitad- del Poder Judicial Federal desde sus cimientos, lo que sucederá el domingo 1 de junio de 2025, la otra mitad hasta 2027.
Los Comités de Evaluación que se integraron para tal propósito deberán entregar al Senado de la República un listado de mil793 candidatos; 27 para la Corte; 15 para el Tribunal de Disciplina Judicial; 6 para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 45 para Salas regionales; 928 para magistraturas de circuito y 772 para juzgados de distrito; un total de 5379 candidaturas. Y para el próximo 12 de febrero el propio Senado de la República enviará al INE las listas con las candidaturas que deberán aparecer en las boletas electorales.
Entre lo destacable de este cambio en el texto constitucional está: la reducción del número de ministras(os) de la Corte; el establecimiento de límites salariales; la desaparición de los millonarios e ilegales fideicomisos que durante sexenios constituyeron los ministros, sin las facultades para ello y que deberán reintegrar a las arcas del Estado mexicano; el cambio del Consejo de la Judicatura Federal a un Órgano de Administración Judicial y Tribunal de Disciplina Judicial; se establece como plazo máximo para resolver asuntos de materia tributaria seis meses; nace la figura del "juez sin rostro", ya criticada por cierto por algunas ONG´S aduciendo violaciones a derechos humanos, y sobre la que me adelanto a decir que desde mi sencilla opinión no es violatoria del principio de juicio justo como se ha argumentado, pues por encima incluso de un principio como ese u otro, está uno aún más importante que es la preservación de la vida, principio sobre el que además descansa la idea del Estado como ente creado para regular la conducta de los que integramos la colectividad. Habría que profundizar en los razonamientos, pero de inicio creo que no podemos hacer una ponderación de "derechos" cuando uno de ellos implica el riesgo de perder la vida.
