Compleja ha sido la lucha iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para rescatar la industria petrolera colocada en la ruta del desmantelamiento y  la privatización por los llamados “gobiernos neoliberales”. Desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña.

Tan difícil que aún en estos tiempos los grandes consorcios petroleros que dominan el mercado mundial siguen incrustados en la ex paraestatal. No puede ser de otra forma porque desde hace décadas les dejaron el control de la tecnología y los grandes contratos. Romper esa cadena no es tarea de un sexenio.

Pero los tentáculos internacionales sobre una empresa que se busca renacionalizar tienen también otros alcances aparentemente intangibles: uno de ellos es el peso de los intereses de la deuda externa heredada, que aunque el gobierno de López Obrador ha impedido adquirir nuevos créditos, pagar los costos de lo que ya se debía sigue siendo una carga.

A esto va vinculado el quehacer de las denominadas “calificadoras” de la viabilidad financiera, ya denunciadas en otras ocasiones por su función especuladora.

No es casual que López Obrador haya reaccionado contra las agencias Fitch Ratings y Moody´s después de que rebajaran su calificación a Petróleos Mexicanos (Pemex). Según las firmas transnacionales la baja en las calificaciones resulta de la debilidad operativa y financiera de la petrolera. Es –como señaló el diario El País- “una piedra más en el camino de la empresa para reflotar sus finanzas, ya que encarecerá su acceso al crédito”.

El presidente López Obrador externó: “No pasa nada. Aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es que la deuda de Pemex ha bajado y (…) tiene utilidades mayores porque hemos bajado los costos de extracción y nunca se había invertido tanto en refinación”.

Las agencias calificadoras favorecen los intereses de los grandes consorcios. ¿Hay una pinza de intereses contra Pemex? Sin duda, y en ella está una parte corrupta de la jefatura del sindicato petrolero.