La controvertida reforma del poder judicial

Desde jóvenes, desde que fuimos logrando conocimiento sobre la vida política de nuestro país, hemos visto que en todos los tiempos y en todas las instituciones del aparato estatal siempre ha habido corrupción y abuso del ejercicio del poder: nepotismo y amiguismo. Esto no es ninguna novedad hasta para el menos enterado.

Sin embargo, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera empezó a destapar la cloaca en la que está convertida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nunca nos imaginamos que la podredumbre que corroe y alimenta a esa institución fuera de tal magnitud. Hasta hoy nos cuesta trabajo creer que sus miembros carezcan de un mínimo sentido de ética profesional y estén tan ajenos a aplicar la ley con justicia e imparcialidad.

Es sorprendente ver que, sin ningún recato o escrúpulo, sus magistrados y demás miembros han estado al servicio de la delincuencia organizada, de sinvergüenzas evasores de impuestos como Salinas Pliego y de los capitales extranjeros como Iberdrola al oponerse a una reforma energética nacionalista que perjudicara los intereses económicos de esa trasnacional.

Por ello no es raro observar que, hasta el embajador gringo en México, Ken Salazar, de manera ilegal y sin respetar nuestra soberanía, se metiera en contra de la reforma judicial cuando este asunto es algo muy interno, muy de México donde ningún país debe opinar, ni tener injerencia. Esta injerencia de los Estados Unidos en México protegiendo al poder judicial contra la reforma propuesta por López Obrador, pone en evidencia la protección amafiada que ese poder le ha dado al capital gringo. De “burda intervención injerencista” la calificó el presidente de México. En ese tenor y protegiendo a sus intereses también el Bank of America se declaró en contra de la tan cuestionada reforma judicial.

Y aún más, hasta los inversionistas extranjeros en México han manifestado más cautela e incertidumbre derivada de la reforma judicial, según lo expresó Jordi Civio, socio de la consultora Bain and Company. Esto pone en evidencia que estos intereses, ajenos a México, han tenido en el poder judicial a un aliado, a un “socio”: el caso más notorio ha sido el de la trasnacional Iberdrola.

Todo esto nos explica el por qué los involucrados en estos enredos y negocios sucios y oscuros en que han tenido como aliado al poder judicial, están tan preocupados que Morena y sus aliados el PT y el PVEM tengan mayoría en la Cámara de Diputados. Ven en ello que a la reforma judicial no la para ni Ken Salazar. Y ante la mayoría de curules lograda por Morena y sus aliados en esa Cámara la consejera del INE, Claudia Zavala, todavía tuvo la ocurrencia de plantear una contrapropuesta que pusiera “contrapesos” a esa “sobrerrepresentación”.

Esa palabreja “contrapesos” la viene manoseando la desarticulada derecha de nuestro país, supuestamente para no caer en una dictadura y defender una “democracia” que jamás existió en los años del presidencialismo, del monopartidismo del PRI, de la dictadura sexenal y en los años que gobernó el PRIAN. Esta dama, Claudia Zavala, quizá ignora que esa mayoría lograda por Morena en la Cámara de diputados no es una concesión del INE sino algo logrado por el pueblo de México con su abrumadora votación el pasado 2 de junio.