“Demencial actitud en el Poder Judicial”
Se puede estar en contra de emplear la elección directa para designar magistrados y jueces
Así encabezó su excelente artículo el doctor en Derecho Eduardo Andrade Sánchez que le publicó el periódico El Universal el pasado lunes: “Demencial actitud en el Poder Judicial”. Por lo certero y profesional de sus conceptos, por lo ajustado a la ciencia del Derecho sin caer en apasionamientos partidistas, no hago más en esta colaboración que comentar el artículo del doctor Andrade. Le aclaro al lector que el Derecho no es mi fuerte, que nunca he sido un estudioso de esta ciencia, pero sí alcanzo a entender que el análisis del doctor Andrade es uno de los más certeros y científicos de todos los que he leído hasta ahora sobre la reforma del poder judicial; de ahí la necesidad de comentarlo en estas páginas para los lectores de Diario Presente.
Avalan las reflexiones del autor cincuenta años de experiencia profesional como jurista en ambos órdenes de gobierno, en la administración pública, en los poderes legislativo y judicial y es autor de 16 libros. Y precisamente califica de demencial la actitud asumida por los miembros del Poder Judicial por su abierto reto a los poderes Ejecutivo y Legislativo y al Contituyente Permanente. De caótica, absurda, disparatada, desproporcionada y más etcéteras califica el autor a un poder judicial que perdió la brújula, que lejos de impartir justicia, violando la Constitución, se ha convertido en un partido político para defender los intereses más oscuros y sucios y presionar a los otros Poderes que tienen la facultad de regular la impartición de justicia.
“Es absurdo, nos dice el doctor Eduardo Andrade, oponerse a determinaciones que ese Poder sólo está obligado a cumplir pero que no está facultado a desafiar. La atribución de modificar la Constitución sólo corresponde al Poder Constituyente Permanente, cuyas decisiones deben ser ejecutadas, sin protesta, por los juzgadores o impartidores de justicia sin posibilidad de oponerse a ellas. El Poder Judicial no forma parte del Constituyente, por ello no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de un cambio constitucional”
Se puede estar en contra de emplear la elección directa para designar magistrados y jueces, puede ser criticada, nos dice Andrade, pero ello no faculta a los miembros del Poder Judicial a abandonar su función de impartidores de justicia para convertirse en activistas políticos. “Su conducta evidencia una disparatada politización a nivel de manifestación partidista que, paradójicamente, justifica las razones que impulsaron al Ejecutivo a proponer la reforma judicial”.
Luego nos dice el Doctor Andrade: “Es increíble que se busque la justicia negándola a los justiciables y se detenga la operación de una actividad normal del Estado sin sustento jurídico. Tal paralización no es ni un paro, ni una huelga; quienes han recurrido a ella lo hacen fuera de la ley. Pero más increíble es que la avale el Consejo de la Judicatura Federal apartándose de su función constitucional. Sorprende que los encargados de la disciplina judicial promuevan la indisciplina corriendo el riesgo de caer en una causa de Juicio Político”.
Por nuestra cuenta nosotros hemos venido afirmando en estas páginas de Presente que la Suprema Corte de Justicia es el último bastión con que cuenta la oposición para proteger los chanchullos y negocios turbios del capital gringo y de algunos capitales nacionales como los de Salinas Pliego. La delincuencia organizada y delincuentes fiscales cuentan con esta institución como madre protectora de sus actos ilícitos. Detrás de los argumentos legaloides de los magistrados y cómplices contra la reforma judicial se esconden intereses económicos turbios.
Hemos afirmado aquí que, hasta el embajador gringo en México, Ken Salazar, de manera ilegal y sin respetar nuestra soberanía, se metió en contra de la reforma judicial, cuando este asunto es algo muy interno, muy de México donde ningún país debe opinar, ni tener injerencia. Esta injerencia de los Estados Unidos en México protegiendo al poder judicial contra la reforma propuesta por López Obrador, pone en evidencia la protección clandestina que ese poder le da al capital gringo. Sin tantas palabras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el pasado miércoles, afirmación que destacó La Jornada en primera plana al día siguiente: “Que es METÁLICO el interés de Washington contra la reforma judicial”. Más claro, ni el agua.