ESCALA CRÍTICA

*Las guerras del siglo pasado, el petróleo; en este siglo, por la vida

*México ocupa el cuarto lugar mundial de riesgo para defensores

*Una competencia que también tiene como escenario Tabasco

EN MÉXICO defender la vida puede ser fatal. Ocurre en cualquier parte del planeta; pero nuestro país está considerado como uno de los cuatro más peligrosos del mundo para los activistas defensores de los derechos humanos, de la libertad de expresión y por la protección de los recursos naturales. Tan sólo en 2017, según Global Witness, se tiene registro de un total de 197 activistas medioambientales asesinados. Como en todo, hay una lista negra; aquellos que no aparecen en los reportes.

América Latina ocupa el primer sitio a nivel continental; en esta región, Brasil encabeza el trágico inventario. Quizá porque sea el país con mayor reserva natural…y eso alimenta la ambición.

Apenas el 2 de mayo, en la Sierra Sur de Oaxaca, en San Agustín Loxicha, fue muerto a balazos, el profesor jubilado y fundador de una radio comunitaria, Telésforo Santiago Enríquez. En enero pasado, en Baja California Sur, fue víctima de homicidio el periodista Rafael Murúa Manríquez, también director y fundador de una radio comunitaria. Defendían los derechos humanos, pero también los recursos naturales contra la depredación.

EXTERMINIO SILENCIOSO

HAY UN TEMA que debe ocupar y preocupar a México, por supuesto también a Tabasco: la lucha por el control de los recursos naturales. Se dice que las guerras del Siglo XX fueron por el petróleo y las del Siglo XXI serán por el agua, pero también las selvas y bosques. No han terminado unas, comienzan las otras.  El secretario general de Naciones Unidas, António Gutierres, expresó en octubre del 2018: “Los estudios de la ONU muestran que más del 40% de los conflictos armados internos de los últimos 60 años están vinculados con los recursos naturales”. Las invasiones militares, la acción de los ejércitos privados, tienen esa bandera.

Hay una guerra ruidosa, con reflectores, y una batalla silenciosa; con exterminio de líderes, de comunidades enteras. Existen regiones privilegiadas que son motivo de ambición. Todos los días nos enteramos de poblaciones que son expulsadas, desplazadas por mega proyectos que nada tienen que ver con las comunidades afectadas.

Una de las expresiones más brutales de esta marejada la observamos en  el asesinato de activistas. Tan sólo en el mes de enero y la primera semana de febrero de este año al menos cinco defensores de garantías fundamentales fueron muertos violentamente, de acuerdo a la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En Juchitán, Oaxaca, fue victimado el 9 de febrero el activista Óscar Cazorla, defensor de los derechos de la comunidad muxe (transgénero) en la zona del Istmo. Antes habían asesinado a Sinar Corzo, en Arriaga, Chiapas; José Santiago Gómez y Noé Jimenez Pablo, en Amatán, Chiapas; y Bernardino García Hernández, en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca.

LA OTRA ORDEÑA, TOLERADA

UN BALANCE de Mongabay Latam, firmado por Pablo Hernández, y publicado en diciembre de 2018, destacaba que en 10 meses fueron muertos 12 activistas. Otros fueron víctimas de amenazas, hostigamiento, ataques. “La minería se incrementó en el país y con ella los conflictos, entre la industria y las comunidades, que derivaron en miles de desplazamientos forzados”, destacó el reporte.

La economía extractiva, esto es la de ordeña de recursos como el petróleo, condena a las comunidades locales. Otra actividad que puede ser generosa, como el turismo, está cada vez más controlada por los intereses corporativos y los grandes capitales…y es una amenaza para el entorno sustentable.

Dijo Gutiérres (ONU): “con el evidente aumento del impacto de cambio climático en todas las regiones, el riesgo de conflicto va a continuar creciendo”.  La presión proviene del crecimiento de la población, el aumento del consumo, la degradación medioambiental y, sobre todo, las ambiciones del capital financiero.

Las organizaciones civiles señalan que los gobiernos federal y estatales deben recuperar o construir su capacidad para garantizar la seguridad pública, no sólo frente a las amenazas de los delitos legalmente tipificados, sino la seguridad a la vida presente y futura.

AL MARGEN

HAY QUE ESTIRAR los recursos. Por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Hacienda y de la Función Pública anunciaron 13 medidas en el marco de la Ley de Austeridad para obtener ahorros y poder destinarlos a Petróleos Mexicanos, definida como “empresa estratégica de la Nación”. Entre las acciones se cuentan la eliminación del 30 por ciento de “las plazas no sustanciales”; antes se cancelaron las contrataciones hechas a partir de diciembre en las antiguas delegaciones federales.

De la misma forma se anunció la reducción del 30 por ciento en gastos de oficina y 30 por ciento en erogaciones relacionadas a la comunicación social. A principios de año, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, había advertido sobre el riesgo de que un exceso en los recortes pudiese paralizar la actividad gubernamental. El “ejército civil” de AMLO tendrá que pasar la prueba de la austeridad, sin sacrificar la eficiencia.