ESCALA CRÍTICA

*Desde la reforma de 1996, financiamiento oficial a oposición

*En la sombra, el PRI gozaba de esos recursos mucho antes

*Kumamoto, Tatiana y Delgado: poner fin al derroche y abuso

EXISTE una percepción generalizada que los partidos políticos representan un enorme gasto para el país. No sólo en los recursos públicos, sino también por el dinero y apoyos en especie no contabilizados en las campañas. En 2018, año de las elecciones presidenciales, los institutos políticos obtuvieron un total de 12 mil 752 millones 451 mil 864 pesos, entre dinero federal y recursos estatales, de acuerdo al grupo de investigación Verificado 2018.

El martes, los diputados federales de Morena –partido en el poder- presentaron una iniciativa de reforma constitucional para reducir un 50 por ciento el presupuesto anual de los partidos para actividades ordinarias. Los ingresos oficiales de estos organismos se pueden dividir en tres rubros: los que se les asignan a nivel federal por actividades ordinarias; los que por ese mismo concepto reciben en cada uno de los estados, y los que obtienen para las campañas electorales.

Tanto el PRI como el PAN, que hasta el 2015 recibían el 55 por ciento del financiamiento establecido formalmente, han planteado fórmulas para reducir la entrega de dinero público. Pero lo hicieron en el marco de campañas de proselitismo. Un caso extremo fueron los sismos de septiembre de 2017, cuando inclusive el PRD y  Movimiento Ciudadano, se sumaron a la propuesta de renunciar –por única vez- al financiamiento para que ese dinero fuese a los damnificados. Todo quedó en intención.

DE UNA CHAROLA A OTRA

EN MÉXICO la entrega de dinero público de manera oficial a los partidos fue producto de la reforma político electoral de 1996, para equilibrar la competencia –se dijo-, tras las denuncias de los enormes gastos en las campañas de 1994 (recordemos las denuncias del entonces candidato opositor Andrés Manuel López Obrador por los montos utilizados en el equipo de Roberto Madrazo en Tabasco), y por lo sucedido en 1993, cuando en casa de Antonio Ortiz Mena un grupo de acaudalados empresarios pactaron aportar cada uno más de 75 millones de pesos a la campaña de Carlos Salinas. El tristemente célebre “pase de charola”.

Claro, las reformas no evitaron casos como el llamado Pemexgate y los más de un mil millones de pesos que el sindicato petrolero de Carlos Romero Deschamps desvió a la campaña de Francisco Labastida en el año 2000, y otros sucesos similares en los estados. Pero también se buscaba exorcizar el fantasma del dinero del crimen organizado.

La politóloga María Marván Laborde recordó que en América sólo hay tres países en donde los partidos no tienen financiamiento público: Estados Unidos (el recurso público es mínimo y renunciable); Venezuela y Bolivia, donde se eliminó el apoyo público a la llegada de Hugo Chávez y Evo Morales al poder. En el vecino del norte, como sabemos, el control lo ejercen los grandes corporativos.

En México una reforma bien intencionada en 1996 –y que de alguna manera sirvió a la oposición-, abrió la puerta para el derroche. Entre los años 2000 y 2011 el total de recursos asignados formalmente a las elecciones –incluido el IFE y los partidos- fue de 117 mil 464 millones de pesos (portal Animal Político).

En el 2011 el presupuesto para a las elecciones fue de 12 mil 604 millones; para el 2018 ya los números habían saltado por arriba de los 24 mil millones. Más del doble. Es 34.11% más alto que el de 2012. A este paso ningún recurso alcanzará.

SEMBRANDO VOTOS

EN AGOSTO de 2017 la Suprema Corte avaló la reforma en el estado de Jalisco donde por primera vez se establecía el principio de “sin voto no hay dinero”, promovido por el político independiente Pedro Kumamoto. La fórmula Kumamoto que reduce en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos fue más ambiciosa que la presentada por Tatiana Clouhtier y Mario Delgado de Morena.

Los diputados morenistas proponen disminuir de 65 a 32.5 por ciento la base que multiplica la llamada Unidad de Medida y Actualización (UMA) y que toma en cuenta el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Kumamoto sostiene la idea de que no se tome como referencia el total del padrón electoral sino el total de votantes efectivos. De ahí la idea de que los partidos sólo tengan recursos ordinarios de acuerdo a los votos que obtengan. Esto es: sin voto no hay dinero.

De acuerdo a los datos del INE, el monto de financiamiento para partidos políticos durante 2019 es de 4 mil 965 millones 828 mil pesos; la iniciativa presentada por Clouhtier y Delgado reduciría 2 mil 482 millones de pesos lo disponible. Como sea, los partidos deben depender más de su militancia y del apoyo ciudadano que de subsidios gubernamentales.

En octubre de 2018, se aprobó en Tabasco una drástica reducción de recursos para los partidos al 50 por ciento para este año y la eliminación del fuero para el gobernador del estado, diputados locales, magistrados de diversos tribunales, consejeros electorales, alcaldes, concejales, fiscales y otros servidores públicos.

AL MARGEN

MIENTRAS continúan los foros del Plan Estatal, el secretario de gobierno Marcos Rosendo Medina realizó una visita inusual a las sedes del PRI, PVEM y PRD en Villahermosa. Dialogó con los dirigentes de estos partidos. Es parte de la reconciliación y el reconocimiento a la pluralidad, sostuvo. Que recuerdo, este tipo de visitas no había sucedido. Acompañaron a Medina Filigrana los subsecretarios Ángel Mario Balcázar, José Ramiro López Obrador, y José Antonio Alejo. (vmsamano@hotmail.com)