ESCALA CRÍTICA

*Se reconoce oficialmente que México padece crisis en policías

*Objetivo ya no son “capos” del narco; ahora, la otra delincuencia

*CFE-usuarios: la resistencia civil terminó, pero sigue el no pago

Víctor M. Sámano Labastida

A PRINCIPIOS de enero se difundió que elementos de la Guardia Nacional acudirían a Tabasco para colaborar en el combate al robo de combustibles (huachicoleo) y la portación de armas de fuego. Aunque ya se ha visto el patrullaje de policías federales, marinos y militares, hasta el momento está suspendida la formalización del nuevo cuerpo de seguridad y combate a la delincuencia. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que “estén poniendo trabas” a la operación de la nueva corporación.

En días recientes la cuestión de la inseguridad volvió a ocupar el interés de los tabasqueños, luego de una breve tregua. Prevenir y combatir el delito es sin duda una tarea compleja; son diversos factores los que impiden una acción coordinada. Gobiernos anteriores apostaron a la creación de nuevas policías, e inclusive buscaron la desaparición de los agentes municipales. En esta dinámica tampoco se puede ignorar la aplicación del todavía polémico del nuevo sistema de justicia penal.

El secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo ha dicho que “México enfrenta una crisis de inseguridad y violencia en diversas regiones que se ha convertido en una emergencia nacional”. Estamos, de acuerdo a ese criterio, ante una situación que requiere medidas de excepción.

DE ALTO IMPACTO

AUNQUE Tabasco no apareció inicialmente en las “regiones prioritarias” para las que se desplegarán unos 10 mil agentes de fuerzas combinadas –civiles, ejército y marina-, el subsecretario de Gobernación, Leonel Cota, sostuvo que aunque la entidad no fue nombrada sí está considerada en el programa.

Al comienzo de este mes, Durazo Montaño detalló que el gobierno federal estableció 17 zonas para la acción inmediata de las fuerzas combinadas, aunque también aclaró que no desplazarán a las policías estatales y municipales. Laborarán, eso sí, que sitios donde existe un repunte de los “delitos de alto impacto”.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, los principales delitos de alto impacto en nuestro país son: homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo. Son calificados así por su alta incidencia que “conforman nuestra sensación de vulnerabilidad y percepción de inseguridad”. Claro que un tema en debate es cómo se construye la percepción del alto impacto de un delito o de un riesgo.

El objetivo del gobierno federal es cubrir con elementos de la futura Guardia Nacional las 266 regiones administrativas en las que se dividió el país. Para el titular nacional de Seguridad los estados con mayor violencia son Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.

El despliegue inicial de refuerzos se concentró las primeras semanas de este año en Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Atlacomulco, Benito Juárez, Irapuato, Guadalajara, Salamanca, Culiacán, Manzanillo, Uriangato, Celaya, Ecatepec, Monterrey, Chilpancingo, Nuevo Laredo y Reynosa. Son las que tienen “problemas graves de inseguridad”, de acuerdo al diagnóstico federal, aunque luego tuvieron que desplazar efectivos a las llamadas zonas del huachicoleo.

LA OTRA BATALLA

SI ATENDEMOS a las declaraciones del presidente López Obrador, el objetivo de las acciones contra el crimen ya no son los jefes del narcotráfico. El 31 de enero declaró oficialmente concluida la “guerra contra el narco”, impulsada por Felipe Caderón.

Interrogado sobre cuántos cabecillas del tráfico de drogas habían sido detenidos en los dos meses de su gobierno expresó: “No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal”, porque “la función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos”.

Se entiende que ahora, los cuerpos policiacos desarrollarán sobre todo habilidades de inteligencia para prevenir y combatir la criminalidad que afecta a la población en general. Mientas tanto deben fortalecer su capacidad de reacción operativa. Para Tabasco, el gobernador López Hernández ha reiterado un plazo de seis meses como máximo para que se reflejen los nuevos resultados.

DEBO, NO TENGO

POLÍTICAMENTE la denominada “resistencia civil” declarada en Tabasco por López Obrador en 1995 concluyó con el triunfo de Morena en las elecciones de julio del 2018. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, afirmó en diciembre pasado que el “borrón y cuenta nueva” era un hecho, de manera que quienes en la entidad se encontraban en suspensión de pagos ya deberían estar pagando su consumo. “La cuestión administrativa es lo de menos”, dijo el funcionario interrogado sobre cómo se procedería con el adeudo total de más de 9 mil millones de pesos que presuntamente tenían los usuarios con la empresa.

Dijo Bartlett: “La instrucción es borrón y cuenta nueva en Tabasco nada más y que empiezan a pagar a partir del primero de julio” (de 2018).

Y aunque políticamente ya no hay motivo para la “resistencia civil”, existen condiciones reales para el “no pago”.

Sin embargo, también hay que anotar que en el país son pobladores de unos 15 estados los que dejaron de pagar el servicio de electricidad en diversas fechas.

De acuerdo a la Red Nacional de Resistencia Civil, es Chiapas la entidad donde primero se dejó de pagar en protesta por las altas tarifas desde 1994. El nuevo reto político es cómo hacer que quien no pagaba –por falta de recursos o por costumbre- ahora empiece a hacerlo.

(vmsamano@hotmail.com)