ESCALA CRÍTICA

*Economía informal y burocracia, dos pilares de la ocupación

*Mayor eficiencia, pero sin descuidar la estabilidad social

*Reactivación: Tabasco entre los estados prendidos con alfileres 

Víctor M. Sámano Labastida

EN MÉXICO seis de cada diez personas que tienen un ingreso trabajan en la informalidad (57% según el INEGI). En 2016, los registros oficiales indicaban que un total de 4.2 millones de quienes tenían un empleo regular laboraban en  las diversas instituciones de las administraciones públicas de México. La informalidad y los gobiernos son las proveedores del mayor número de puestos de trabajo. Lo que suceda con unos y otros es determinante para la marcha de la economía y para evitar problemas sociales.

Ahora que se aplica un drástico programa de recorte de personal en las instituciones públicas, y cuando también pende la amenaza de ajustes en diversas empresas privadas, varios estudiosos han advertido sobre los riesgos de los despidos masivos. El neoliberalismo tan criticado, así como el Fondo Monetario Internacional, tienen entre sus recetas la cancelación de plazas sobre cálculos financieros exclusivamente. En el México actual no puede suceder eso, porque además son medidas que demostraron ya su ineficacia.

IMPRODUCTIVIDAD Y VIOLENCIA

LE HEMOS comentado en este espacio que una de las prioridades para el país es mejorar la oferta de empleos formales con remuneraciones justas, al igual que reducir el alto costo de la administración pública elevando la calidad del servicio. No hay que confundir prioridades con urgencias, porque el riesgo sería crear una mayor problema que el que se pretende resolver.

Se reconoce oficialmente que uno de los factores que contribuyen al incremento de la criminalidad y la violencia es la falta de trabajo. No es el único, pero sí favorece las condiciones de inestabilidad e inseguridad. La tarea no es fácil, pero al mismo tiempo que se cierran las plazas improductivas resulta necesario crear puestos de trabajo productivos. Es una verdad de Perogrullo, pero se olvida con frecuencia.

Al mismo tiempo que leemos que hay “despidos a destajo” en diversas dependencias públicas (lamentablemente en muchos casos no parece existir una evaluación de desempeño y capacidades), también nos enteramos de casos como el de la empresa Nissan en Morelos y Aguascalientes que anuncia un recorte de mil puestos laborales, en un proceso que continuará por lo menos el primer trimestre del año. No es el único caso, líderes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), estiman que las empresas se verán obligados a reducir en un 10 por ciento sus plantillas para hacer frente a los incrementos salariales y el complejo entorno económico.

En el caso de la burocracia federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que todo el ajuste administrativo involucraría sólo al personal de confianza de los altos niveles de la burocracia y la revisión de los salarios excesivos. Puntualizó que “trabajadores de base, sindicalizados, no deben de ser removidos”, y si se cometiera alguna injusticia “se va a reparar. Hay la instrucción en todas las áreas para revisar casos en donde no haya ninguna justificación”.

ÚLTIMOS DE LA TABLA

EL REAJUSTE, le decía, también se aplica en los gobiernos estatales y municipales tanto por la conclusión de un periodo y el inicio de otro, como por las obligadas políticas de austeridad. Deben evitar que despidos injustificados se conviertan en conflictos ante los tribunales y luego en deudas impagables.  Ocurren los ajustes asimismo en las empresas privadas. En estas últimas los recortes y contrataciones son permanentes; existe una alta movilidad laboral.

En octubre de 2018, poco antes de tomar posesión como nueva titular de la Secretaría del Trabajo secretaria, en una entrevista con la agencia Reuters comentó: “Es titánico todo el contexto que estamos enfrentando en el mundo laboral y, en general, en términos de pobreza, desigualdad y violencia, que están totalmente vinculados con el mundo laboral (...) Es titánico pero también hay enormes posibilidades”. En su reporte, el despacho agregó: “México es la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más horas se labora, aunque con el salario mínimo más bajo”.

Hay estados donde los planes de ajuste laboral tienen que ser mucho más meticulosos, como en Tabasco, entidad ubicada en el primer sitio de desempleo. Cerró el 2018 con un 8% ciento, cuando  el promedio nacional era de 3.2%; esto es que la falta de trabajo era de más del doble que en otros lugares. Se explicó que la caída en la oferta laboral está vinculada a la debacle petrolera, lo que trajo como consecuencia un efecto en cadena; así se pudo ver no sólo la baja ocupación en servicios sino también una drástica disminución en la recaudación estatal. 

Los nuevos gobiernos tienen que actuar sobre múltiples factores y con planes que vayan más de la inmediato.

AL MARGEN

CONFORME pasa el tiempo se observa cómo la acción de los traficantes de combustibles se convierte en un desafío para el Estado Mexicano. No sólo se conocen imágenes de la agresión directa a policías y militares, sino también se reportó un nuevo sabotaje al ducto Tuxpan-Azcapotzalco. La situación llegó al grado que por la emergencia los titulares de Pemex, Hacienda y Sener pidieron aplazar su comparecencia ante los diputados; lo mismo hizo el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien estaría con los senadores. No es sólo jugar a las vencidas, es mucho más que eso. (vmsamano@hotmail.com)