Escala Crítica

*Viaje al futuro, más allá del aeropuerto; gobierno en movimiento

*Sánchez Cordero y Cossío Díaz, los límites de la participación

*En América Latina la costumbre de preguntar; menos en México

Víctor M. Sámano Labastida

ANDRÉS Manuel López Obrador no sólo imaginó e impulsó un “partido en movimiento, sino ahora se propone un “gobierno en movimiento”. La consulta, encuesta, sondeo –como se quiera calificar-, sobre el futuro del aeropuerto de la Ciudad de México, confirma que su política no variará: de las asambleas públicas a las consultas, para desmontar un sistema basado en los “poderes fácticos”. Algo similar a lo que hizo Enrique González Pedrero cuando en Tabasco estableció las “consultas a la base” en el PRI.

De acuerdo al investigador Cirilo Antonio Guzmán, González Pedrero rompió el viejo pacto de las élites llevando a la militancia priista la decisión de quiénes serían los candidatos a las alcaldías y diputaciones en Tabasco a mediados de los años ochenta. También fue un mecanismo aplicado para la asignación de presupuestos y la programación de la obra pública en los municipios.

Posteriormente fuimos testigos de esa modalidad asambleísta aplicada por López Obrador en su paso por las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a nivel estatal y nacional, lo mismo que en la integración del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Aún recuerdo cuando Cuauhtémoc Cárdenas, en una atiborrada Plaza de la Revolución en Villahermosa, Tabasco, pidió a la asamblea pública que le diera permiso para que AMLO se fuera a hacer política a la capital del país. La primera respuesta fue un ruidoso “No”, pero a insistencia del propio AMLO y de Cárdenas Solórzano la muchedumbre otorgó el “Sí”.

MINISTROS REZAGADOS

EN SEPTIEMBRE de 2014 el Movimiento de Regeneración Nacional entregó 2 millones 712 mil firmas para solicitar la realización de una consulta popular sobre la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto; en tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó haber recabado 2 millones 300 mil firmas. Las dos organizaciones, con argumentos y motivos diversos, pretendían que se rechazara la propuesta del gobierno federal por su sentido privatizador del petróleo y la electricidad. El 30 de octubre de ese año, nueve ministros de la Corte votaron en contra de la consulta, en tanto que sólo uno se pronunció a favor.

Paradojas de la historia. El proyecto de rechazo a la consulta planteada por Morena y el PRD fue elaborado por la entonces ministro Olga Sánchez Cordero, propuesta ahora por López Obrador para ser la futura secretaria de Gobernación. Sin duda que los ministros se sujetaron a la letra de la Constitución; en cambio uno solo de los jueces, José Ramón Cossío Díaz, argumentó a favor de una interpretación que pusiera a salvo las garantías ciudadanas.

Dijo Cossío Díaz: “La figura de la consulta popular se encuentra como derecho humano ciudadano, en el artículo 35 de la Constitución”. De manera que, sostuvo, “la interpretación de los derechos humanos debe ser la más benéfica para la persona, ya que de otro modo iríamos en contra del sentido de artículo 1º constitucional y de los compromisos asumidos por el Estado mexicano, en materia de derechos humanos”.

Abundó: “Es por ello que la interpretación a las restricciones al ejercicio de un derecho, en este caso a los temas que no pueden ser objeto de la consulta, debe hacerse de manera limitativa y estricta, restringiendo lo menos posible el acceso a la consulta, restringir la consulta, me parece que conlleva restringir un derecho humano”.

Y es que los ministros contrarios a la consulta aplicaron en sentido restrictivo el mandato constitucional que establece que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

NO ES EL AEROPUERTO

ADEMÁS, sólo pueden hacerse consultas “el mismo día de la jornada electoral federal”. Esto es, que fuera de esos tiempos legalmente no son válidos estos ejercicios ciudadanos. Para asegurarse de que la reforma energética no fuera objeto de consulta popular, los promotores de esa ley la vincularon a “los ingresos y gastos del Estado”. Obviamente los ministros y el gobierno en turno ignoraron una amplia tradición comunitaria de las asambleas públicas como consulta y mecanismos de decisión.

Hasta 2016, a pesar de que entre 1900 y 1980 se realizaron sólo 38 consultas en América Latina, los últimos  25 años se convocó a un centenar de votaciones de este tipo en el continente. México se encuentra entre los cinco países que “jamás” han realizado ese ejercicio de democracia directa en nuestra región, de acuerdo a Arturo Wallace de la revista Semana (Bogotá, Colombia). Las otras naciones son República Dominicana, Nicaragua, Honduras y El Salvador. El país que más y mejor ha aplicado las consultas constitucionales es Uruguay.

Aunque la consulta convocada por López Obrador en relación al aeropuerto no está prevista en las leyes actuales –altamente restrictivas-, el próximo Presidente de la República ya lo advirtió: “váyanse acostumbrando”, porque esta ha sido y será el sello de su gobierno. En este sentido promueve ya reformas a las normas constitucionales y sus leyes secundarias.

Por lo pronto, sus opositores tienen que ir poniendo en la agenda la consulta que les quitará el sueño: la que pondrá a AMLO nuevamente en las boletas en el 2021. (vmsamano@hotmail.com)