No entienden que no entienden.

La rabia que los ciega los hermana. 

El fanático más ignorante y el más ilustrado de los intelectuales, el chismoso en la red y el columnista de altos vuelos, los opositores más rijosos y los más influyentes líderes de opinión coinciden nuevamente.

No fue crimen de Estado, dicen, pues Enrique Peña Nieto no dio la orden de desaparecer a los 43 Normalistas de Ayotzinapa. 

Nada nuevo, sostienen, contiene el informe presentado ante la Nación por Alejandro Encinas. 

Jesús Murillo Karam es, gritan, una víctima más de la persecución política desatada por Andrés Manuel López Obrador.

No entienden que no entienden. 

Incapaces de rendirse ante la evidencia contenida en el informe, pues esto implicaría reconocer que, en tanto que contribuyeron a imponer la llamada “verdad histórica”, son, de manera indirecta, corresponsables de este crimen atroz, mienten de nuevo a la Nación.

Antes del 26 de septiembre de 2014 agentes del Estado mexicano vigilaban, como parte de una operación de contrainsurgencia, a los Normalistas a los que consideraban una amenaza. 

Antes del 26 de septiembre agentes del Estado mexicano no solo estaban al tanto del control qué, sobre Iguala, tenían los llamados “guerreros unidos” sino que, además, actuaban a su servicio o tenían nexos de complicidad con esa sanguinaria banda criminal.

El 26 de septiembre el ejército, el Centro Nacional de inteligencia y la policía federal estuvieron al tanto, minuto a minuto, de todos y cada uno de los movimientos de los Normalistas y de todos y cada de los movimientos de los distintos contingentes de sicarios (unos 600) que actuaban por toda Iguala. 

Nada hicieron las autoridades cuando se iniciaron los ataques pese a tener información en tiempo real y a que soldados y oficiales estuvieron presentes en varios de los lugares donde se produjeron los hechos. 

Si la tropa hubiera actuado oportuna y decisivamente muy distinta hubiera sido la historia.

Nada hizo tampoco Enrique Peña Nieto al otro día. De brazos, obedeciendo sus órdenes, se cruzaron los altos mandos del ejército, la marina, la policía federal. 

No se desplegó de inmediato -pese a que en los casos de desaparición masiva las primeras 36 horas son cruciales- toda la fuerza disponible en una operación de búsqueda y rescate. 

Solo cuando la indignación popular se volvió incontenible reaccionó el régimen. 

Reconocer la implicación de agentes y organismos del Estado implicaba un costo político que ni Peña Nieto, ni sus colaboradores, quisieron pagar. 

Dar por muertos a Los 43 -sin siquiera entregar sus restos a los deudos- y cerrar el caso, fue la apuesta. Orquestar la llamada "verdad histórica", la solución. 

En la tortura, manipulación y siembra de evidencia, intervención ilegal y masiva en la escena del crimen, participaron entonces todos esos agentes que habían sido cómplices del crimen o se habían cruzado de brazos ante el.

Todo el poder del Estado mexicano se empleó para dar carpetazo al asunto y consumar así la obra de los criminales.

¿Y la prensa? ¿Y las y los columnistas, intelectuales y presentadores de noticias de radio y TV?

Fue el suyo, salvo honrosas excepciones, un papel tan “eficaz” -para distorsionar los hechos- como el desempeñado por los torturadores.

La andanada mediática fue una pieza estratégica de ese formidable mecanismo de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

De ese crimen del que, el Estado mexicano -y no solo Murillo Karam y Tomás Zerón- es responsable y por el cual debe responder. 

Así como deben responder, las y los líderes de opinión, reconociendo que mintieron y pidiendo perdón a las madres y padres de Ayotzinapa y a la Nación entera.

@epigmenioibarra