¿Y de ahí?

Ha causado revuelo la filtración de unas conversaciones de Whatsapp relativas al caso Ayotzinapa por parte del periódico Reforma, bajo la firma de Peniley Ramírez, que proceden de la filtración del informe del caso, sin testar (ocultar datos), especialmente en el contexto de la discusión sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

Mientras unos señalan que las conversaciones no aportan nada nuevo y que podrían vulnerar a las víctimas así como el debido proceso, otros estiman que la filtración sí es valiosa porque orilla a profundizar en nuevas líneas de investigación para esclarecer la verdad de cara a los ciudadanos.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, condenó la filtración y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se investigue, y acusó que esa fuga de información podría abrir paso a la impunidad. Mientras la versión del informe que se hizo pública se testó (tachó) para proteger información personal o cuya divulgación podría afectar el debido proceso, ahora parte de esos datos reservados fueron publicados.

Es por eso que buena parte de los comentarios han sido para cuestionar la ética de Peniley Ramírez, que ya antes recibió fuertes críticas cuando publicó dos notas en las que acusó que en México se aprobó el uso de la vacuna CanSino sin ensayos clínicos suficientes y a sabiendas de que tenía poca eficacia (también con información que le filtraron; esa vez, una persona conocida por cabildear a favor de intereses de la industria farmacéutica). Diversos especialistas, incluido a Hugo López Gatell, reprocharon a Peniley Ramírez promover la desconfianza hacia las vacunas al publicar una interpretación errónea del tema. Con el tiempo, las CanSino demostraron ser seguras y tener una efectividad muy útil.

Sobre el efecto corruptor en el proceso penal, en dos tesis de la primera sala de la Suprema Corte se establece que se podría decretar la invalidez de todo el proceso si: la autoridad policial o ministerial realizan alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; que esta conducta haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio y se afecte de manera total el derecho del acusado a la defensa. De reunirse estos supuestos, el juez no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad penal del acusado y deberá decretar su libertad. No obstante, se trata de casos extraordinarios por lo graves, pues usualmente el que se excluya o anule una prueba no implica que se corrompa todo el proceso.

¿Podría ocurrir eso con esta filtración, que por fuerza salió de alguna autoridad? Preocupa que esa sea la intención, tomando en cuenta que justo se acaba de dictar auto de formal prisión contra el ex comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, y recién se había detenido al capitán José Martínez Crespo; ambos acusados de haber tenido relación con el grupo criminal Guerreros Unidos y de haber participado en el brutal asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Hay quien señala que la controversia que ahora se dirige a la ética periodística y el debido proceso sirve para distraer del hecho de que la FGR se desistió recientemente de un total de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, entre ellas, 16 que estaban dirigidas contra militares de los Batallones de Infantería 27 y 41, presuntamente involucrados en los crímenes.

En todo caso, la filtración parece confirmar que, como sospechó la ciudadanía desde el primer momento, en los crímenes cometidos contra los 43 sí estuvieron involucrados altos mandos del Ejército y sí se usaron las instalaciones militares para ocultar los hechos.

Una filtración que, en todo caso, contribuye a agitar más debate público sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que parece entrampado pues por más análisis que se haga, no hay ninguna solución correcta: parece que sólo puede elegirse el mal menor. Retirar las Fuerzas Armadas es un error porque las policías no están listas para retomar el control pleno de la seguridad pública; pero que permanezcan no es un acierto, pues contribuye al desgaste de un último recurso al que nunca debimos llegar, al que la falta regulación y que entraña diversos riesgos.