El histórico ocultamiento de recursos públicos

De los 233 artículos que conforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus 30 Transitorios de la última y más reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, se puede notar con cierta facilidad la urgencia por ordenar decisiones tomadas desde varios años atrás y que pervivieron hasta la actual administración de dicho Poder.

Se nota de la lectura de esa reforma -al menos a mi parecer- una preocupación por legitimar lo que está fuera de las facultades del Poder Judicial Federal, pues simplemente no pueden ni deben constituir fideicomisos con dinero público, y esto es así pues esa "bolsa" se ha ido "engordando" al paso de los años con recurso público no ejercido durante el año fiscal de que se trate; la ley sí obliga a devolver ese recurso público no ejercido, por lo que primeramente deberán cumplir con los compromisos contraídos y el remanente reintegrarlo a la Tesorería de la Federación, cosa que durante años no se hizo, años en los que el Poder Judicial de la Federación aunque siendo "autónomo" conforme a la Constitución Federal, se comportó como un apéndice del Ejecutivo, favoreciendo con sus fallos los intereses directos e indirectos del Ejecutivo en turno, y eso es muy sencillo de probar e ilustrar, solo que lamentablemente el olvido casi instantáneo de todos esos casos ha sido la constante.

Lo cierto es que particularmente esos 13 fideicomisos que el Legislativo ha ordenado desaparecer mediante esta reforma, han servido como medio de ocultamiento de recursos públicos no ejercidos durante varias administraciones; este grupúsculo de ministros, magistrados y jueces disponen -entre otros privilegios- de 800 mil pesos al año por cada uno para comidas en restaurantes, cuando miles de mexicanos literalmente luchan a diario para llevar comida a casa; camionetas blindadas que al término de su función como ministros de la Corte pasan a ser de su propiedad; aguinaldos por más de 600 mil pesos; salario mensual por 300 mil pesos; una bolsa de poco más de 5 millones de pesos para pagos de sus colaborares más cercanos; entre otros más; estos privilegios que algunos defienden llamándolos "centavos" o "sueldo decoroso", son tan mezquinos al ignorar a voluntad que el país está en un punto de inflexión en el que dejar esas prácticas corruptas es necesario para continuar con el proceso de transformación del país y sus instituciones.

La oposición cada que "abre la boca" se hunde más y se "regodea en su silla", la silla de la parsimonia, de la nulidad absoluta, del sinsentido, no ven otra cosa más que al Presidente en plan vengativo, cuando a todas luces es un conflicto entre la el Poder Legislativo y el Judicial, sin embargo, cuando conviene a su pobre y extraviada narrativa, llevan la conversación al escenario político aduciendo venganza del Ejecutivo y cuando no conviene se parapetan detrás del argumento simplista de "la ley es la ley", así de tronados están. Ya perdieron 2024.

Se añade en esto, el amparo promovido por el ministro en retiro Cossío, quien -según él mismo- lo hace ante "la violencia y ataques contra los integrantes del PJF... para apoyar la defensa de sus derechos laborales", hay que decir que eso es falso, los derechos de los trabajadores del Poder Judicial en todo el país están garantizados, eso es intocable, el centro de atención son esos 13 fideicomisos constituidos con recurso público que debió regresar a la Tesorería de la Federación.

Esta reforma dice lo siguiente:

[Décimo Primero. El Instituto garantizará que la reestructuración orgánica que derive del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral.  Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidarán dichos fideicomisos; sus remanentes se entregarán a la Tesorería Federación.]

Los ministros de la Corte saben desde esa reforma que esta es una batalla perdida, no pueden ser juez y parte, pronto veremos el destino que tome el amparo promovido por el ministro en retiro Cossío Villegas.

Como diría la Mtra. Haydeé Pérez Garrido, quien en su momento fuera Coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de FUNDAR, que nuestros gobernantes -en este caso ministros de la corte- deben dejar de profesionalizarse en el arte de desaparecer dinero del escrutinio       público -y deben comenzar a hacerlo- en el arte de cumplir con sus obligaciones. Sólo así podremos dar pasos firmes       para salir de esta situación generalizada de simulación que mantiene los lacerantes niveles de pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad que aquejan a nuestro país.