La Corte Suprema y la contaminación por desechables

Aunque la batalla por sacar del mercado productos contaminantes como el unicel y el PET tiene en México más de una década, la semana pasada un fallo de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó todo por la borda. Por un tecnicismo, consideraron que los estados no tienen facultades para prohibir en sus territorios la venta de estos productos, por mucho que la contaminación que deriva de ellos resulte en daños al medio ambiente, la salud de las personas y atente contra la viabilidad de las generaciones futuras.

Desde luego que hay intereses legítimos en juego y están en riesgo cientos, quizá miles de empleos que dependen directamente de industrias como el PET, el unicel, así como en general todos los desechables que utilizamos para poder seguir con la vida apresurada a la que nos sometemos. Esto tiene un impacto real, próximo. Al arrancar este mes, la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático de Tabasco multó a dos empresas por continuar con la venta de unicel, a pesar de diversos exhortos y llamados a que dejaran de hacerlo.

Es comprensible que exista resistencia a dejar de usar este tipo de materiales, tomando en cuenta la necesidad de utilizar insumos para transportar alimentos y bebidas, lo que ha generado toda una cadena productiva de desechables altamente contaminantes, así como útiles, que sostiene desde bodegas para la distribución, pasando por los fabricantes, hasta los restaurantes, negocios e incluso vendedores al menudeo, entre los que se puede identificar al emblemático pozolero tabasqueño, con el que el consumidor simplemente adquiere un producto para llevar.

Sin embargo, no fue un humilde pozolero ni el dueño de un restaurante el que promovió el proceso que llegó a la Suprema Corte, sino la poderosísima Coca-Cola FEMSA, a través de empresas vinculadas, como son Cadena Comercial OXXO y Propimex.

Si bien la resolución se refiere únicamente a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del estado de Oaxaca, las repercusiones son a nivel nacional, pues la Segunda Sala de la SCJN señaló que sólo el gobierno federal tiene la facultad de regular el uso de estos materiales; de ello se deduce que cualquier disposición de los estados en la materia es inconstitucional por violar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, lo que deja el camino abierto para todo tipo de inconformidades e impugnaciones de leyes locales, incluida la Norma Estatal Ambiental de Tabasco.

Mientras queda claro que, a juicio de la Segunda Sala de la SCJN solo una regulación en la materia desde el orden federal podría vetar desechables y plásticos de un solo uso (tales como popotes, unicel, entre otros), queda en entredicho la autonomía de las entidades federativas para regular en esta materia, a pesar de que es en sus territorios donde ocurren los efectos más adversos de esa contaminación.

La legislación en materia ambiental es sumamente intrincada, de modo que en ella intervienen diversas dependencias del gobierno federal, así como de los gobiernos estatales e incluso las administraciones municipales; estipulaciones y límites que en la práctica no siempre quedan claros, e incluso a veces parece que más bien se estorban mutuamente.

Un ejemplo emblemático de ello lo tenemos en Villahermosa, con la Laguna de las Ilusiones, cuyo plan de saneamiento y rescate nada más no arranca, a pesar de que se supone que hay interés de los tres niveles de gobierno; la laguna en sí se considera un bien federal, mientras que también es una reserva ambiental estatal y el Ayuntamiento de Centro igual tiene competencia, sobre todo en lo que se refiere a regulación de las descargas de aguas negras. Ante atentados como la tala o la invasión, ninguno de los tres parece saber hasta dónde le compete resolver el problema y se aplica la vieja política de “echarse la bolita”.

¿Habrá voluntad política para hacer frente, desde la federación, a la amenaza de estos materiales? ¿Se plantará cara al consorcio Coca-Cola FEMSA y se cerrará la puerta abierta para que se declaren inconstitucionales otras leyes de los estados contra productos desechables contaminantes? Hará falta tiempo, y manifestaciones directas de los ciudadanos afectados por la contaminación (que somos todos) para dar respuesta.