Cartas del Trópico

Las Zonas Económicas Especiales ZEE, fueron presentada por el equipo de Enrique Peña Nieto como una iniciativa económica que promueve inversiones en sitios estratégicos del país con la consecuente generación de miles de empleos mediante apoyos hacendarios a los inversionistas.

En nuestro país esta iniciativa empezó a promoverse desde el año 2015 y de forma inicial se había mencionado que se crearían tres ZEE en México. Tabasco no figuraba a pesar de que el gobierno y los empresarios habían mostrado interés.

Fue después de un proceso de cabildeo y gestiones políticas entre representantes tabasqueños en el Congreso de la Unión y del gobierno estatal con el gobierno federal cuando en mayo del 2016 el presidente Peña Nieto comprometió la creación de una ZEE en Tabasco como parte –se dijo- del programa de reactivación económica de los estado de Campeche y Tabasco, las dos entidades en la que los impactos de la actividad petrolera repercutieron en la pérdida de miles de empleos tanto de la empresa productiva como de las empresas que le trabajaban a la petrolera mexicana.

La noticia de creación de la ZEE de Tabasco fue “vendida” como una gran esperanza para recuperar los empleos perdidos.

El proceso fue tortuoso y ya se ha mencionado en diversos espacios. El gobernador Arturo Núñez como presidente de la CONAGO tuvo que hacer una enérgico llamado a la federación para que apoyara el proceso de decreto de creación de la zona en la entidad. Fue después de este llamado que la federación metió el acelerador y el decreto fue emitido a mediados del mes de abril de este año.

La ZEE en Tabasco abarca más de 2 mil hectáreas en el municipio de Paraíso dividido en dos polígonos, el más extenso frente a las aguas del Golfo de México y el segundo polígono al sur del municipio costero con 80 hectáreas en la ranchería Francisco I. Madero.

Este segundo polígono de la ZEE fue comprado por el gobierno del estado, previa revisión de la SERNAPAM y la SOTOP quienes dieron el visto bueno; los terrenos fueron escriturados a nombre del gobierno del estado y posteriormente donados a la federación para su integración a la ZEE.

Sin embargo estas 80 hectáreas se han visto envueltas en una gran polémica unas semanas posteriores a la publicación del decreto. Primero, cuando el entonces candidato al senado Javier May Rodríguez denunció irregularidades en la compra venta que pudieron dejar varios millones de ganancias a los que estuvieron involucrados en el proceso.

Esta denuncia volvió a tomar fuerza hace unos días cuando el gobernador electo Adán Augusto López señaló con mayor detalle las presuntas irregularidades, por lo que dijo que estaba valorando la continuidad del proceso de instalación ya que el proyecto no traería los beneficios pronosticados pero además estaba “manchado” por la corrupción y mostró algunos documentos por los que se pagaron los terrenos.

La reacción del gobierno del estado, a través del SDET fue salir a aclarar las acciones que se realizaron para la compra del terreno y que todo se había hecho bajo lo que manda la ley, según Wilver Méndez.

El gobernador del estado pidió a la Contraloría del estado investigara las denuncias realizadas y deslindara responsabilidades. Fue lo más sano para evitar se continúe especulando y se logre la certeza para los tabasqueños de que cualquier irregularidad sería sancionada.

Por lo pronto las investigaciones están en proceso y hasta se ha mencionado que previa denuncia la federación puede intervenir por medio de sus instancias de control.

El sector empresarial está a favor de que se investigue y se sancione si se encuentra alguna anomalía. Aunque insiste en que el proyecto tiene sus bondades. Sin embargo, puede adelantarse que la nueva administración federal tendrá otro enfoque para la promoción de las inversiones. El propio mandatario electo López Hernández tiene a su equipo preparando proyectos más viables y con los candados suficientes para evitar desvíos. Lo importante es que se cumpla con el impulso al desarrollo de Tabasco.

POSTDATA

Más allá de las críticas razonadas, o de los cuestionamientos interesados, la consulta organizada por López Obrador en relación al destino de las inversiones para la red aeroportuaria es un notable ejercicio de participación. La decisión de cancelar el proyecto del NAICM (nuevo aeropuerto), pudo haberla tomado el futuro mandatario sin más trámite que un reporte técnico, pero prefirió aprovechar el tema para ensayar lo que será el sello de su gobierno: la consulta popular.