Altar Mayor

Por unos días, como ha ocurrido en los últimos tiempos, el tema de las condiciones en que se encuentran los penales, volvió a ser noticia.

Esto, con motivo del motín registrado el pasado 19 de diciembre en el Centro de Reinserción Social del Estado (CRESET), hechos en el que perdieron la vida 7 internos, saliendo a relucir una vez más la problemática existente en el sistema penitenciario de nuestra entidad.

Situación que, por cierto, fue expuesta en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como se dio a conocer el 17 de este mismo mes, en el cual, entre otros datos, puede advertirse que el sistema carcelario en Tabasco aparece reprobado, con calificación de 4.94 en una escala del 1 al 10.

En dicho diagnóstico se menciona que los 7 penales de Tabasco, tienen calificaciones de reprobación debajo de 6 y solamente el Cereso de Tenosique, tiene un nivel de 5.64 puntos, en tanto que el peor calificado es el de Comalcalco con 4.23.

Ahora bien, el motín del día 19, según informó el Ministerio Público, se produjo después de que las autoridades intentaran trasladar a dos generadores de violencia identificados como Jorge Francisco "N" y Marcelo "N", además de otros internos.

Y como siempre, la declaración oficial giró en el sentido de que "la Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido."

A dicha información habría que agregársele el dato en el sentido de que en el lugar fueron encontradas armas, machetes y drogas, "un arsenal", diría alguien, consistente en un fusil AR-15, 5 pistolas, una granada de fragmentación, un cargador de fusil, 3 cargadores para pistola y 35 cartuchos.

También se encontraron 460 dosis de marihuana, 81 de cocaína en piedras, un kilo 400 gramos de marihuana, 7 celulares, 5 radios, 14 cuchillos y armas hechizas.

Obsérvese que, sin lugar a dudas, el tema del sistema carcelario mexicano sigue conservándose como un asunto de agenda pendiente, que gobiernos van y gobiernos vienen, dando la impresión que seguimos en el mismo lugar, sin novedad en la guardia, expresaría el choco tabasqueño.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la CNDH, aparecen entre otros puntos --donde se pone especial énfasis-- el referente al "Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno)".

Cuestión que al parecer ya no es novedad, incluso fue confirmada por el Fiscal General del Estado José Barajas, al asegurar que 2 peligrosos generadores de violencia tenían el control del centro penitenciario, dato que ya en otras ocasiones había sido expuesto por anteriores servidores públicos.

Aunado a lo anterior, en el referido diagnóstico sale a relucir la deficiencia en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, que existe sobrepoblación, hacinamiento, deficiencia en los servicios de salud, deficiente separación de hombres y mujeres y falta de prevención de violaciones a derechos humanos; deficiencias en la alimentación, en materia de higiene; no hay un adecuado tratamiento para los internos de la tercera edad, tampoco para los que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ.

Vaya, que terrible asunto que forma parte también de la nefasta herencia que recibió el nuevo gobierno encabezado, a partir de octubre pasado, por el comalcalquense Javier May Rodríguez.

Y es que lo que aparece en el diagnóstico mencionado, ha sido expuesto en el pasado por otros funcionarios y servidores públicos que, la verdad, no sabemos si por ineptitud, negligencia, complicidades o porqué razones dichas condiciones deplorables de los reclusorios en Tabasco subsisten sin que hasta ahora haya existido voluntad o interés alguno de las autoridades competentes para atenderlas y solucionarlas.

En síntesis, en el tema del sistema carcelario de Tabasco, la deuda sigue pendiente. Sin duda, es otro de los grandes retos a los que hoy se están enfrentando las nuevas autoridades estatales. (altar_mayor@yahoo.com.mx)