Muchas interpretaciones se le ha dado, por parte de analistas políticos a la declaratoria de invalidez por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la primera parte del paquete de reformas político electorales 22-23, aduciendo “violaciones al procedimiento legislativo”.

Especulaciones, dimes y diretes y hasta discurso estridente cuestionando a los magistrados que sustentaron su decisión en un simple hecho: la ausencia del debate legislativo.

Mire usted por ejemplo lo que dijo el Ministro Alberto Pérez Dayan al respecto: el decreto (invalidado en su primera parte) “no es el resultado del debate que debe existir”, porque las y los legisladores no conocían el contenido de la iniciativa.

Obsérvese que las y los diputados opositores, rechazaron la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la misma noche del 6 de diciembre se presentó una copia del Plan B, formado por cientos de páginas, misma que fue discutida y aprobada aproximadamente a las dos de la mañana del día siguiente, lo que impidió, a decir del Ministro Pérez Dayan que los legisladores participaran “de manera informada, igualitaria y libre en la deliberación democrática”.

La Ministra Margarita Ríos Farjat, precisó que las reformas habían sido aprobadas en San Lázaro con tanta premura, pues “se votaron esa noche bajo una urgencia que no se demostró”. Y puntualizó,   que el trámite de urgencia “es una medida excepcional que limita la capacidad deliberativa”, por lo que no debería operar como una regla, sino como excepción para casos en los que seguir el proceso ordinario pudiera causar afectaciones a la sociedad.

A su vez el Ministro González Alcántara Carrancá dijo que las reformas llegaron a la Cámara de Diputados a las diez de la noche, y en menos de cuatro horas, “ya habían sido aprobadas en lo general y en lo particular por ese mismo órgano”, lo que dijo, parecía indicar que, por la mera extensión del documento, nadie de los presentes tuvo la posibilidad real de leer la propuesta.

En tanto que el Ministro Luis María Aguilar Domínguez, luego de criticar la forma como MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsaron la reforma valiéndose de su mayoría parlamentaria en detrimento del debido proceso, afirmó que: “no respetar las reglas del procedimiento legislativo es una deslealtad constitucional y un desdén a las minorías parlamentarias que también representan a un sector del pueblo de México”.

El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue claro al señalar como una de las principales fallas al proceso que el paquete de reformas no fue publicado de manera previa a su discusión, conforme dictan las normas, por lo que se había vulnerado el principio de libertad e igualdad para las y los diputados en el debate y enfatizó que: la premura del legislativo generó una especie de “efecto corruptor” circunstancia que lo llevó a votar por la “invalidez total de este decreto”.

Y el Ministro Ortiz Mena hizo una acotación señalando que las violaciones suficientemente graves para invalidar la primera parte del Plan fueron dos: la primera que la dispensa del trámite legislativo (al ser tildado como urgente) se hizo sin ninguna motivación y no hubo plazo razonable para que las y los diputados leyeran la iniciativa y se formaran una opinión respecto de ella.

El Ministro Pardo Rebolledo hizo alusión al impacto que tuvo la prisa con la que se presentaron y votaron las reformas, especialmente los partidos que conforman las minorías de la Cámara y que se les negó la oportunidad de conocer el contenido y discutir sus puntos de vista sobre las mismas.

En tanto que el Ministro Javier Laynez Potisek, subrayó que la JUCOPO debe salvaguardar su carácter como órgano político, no jurídico, y no podía sobreponerse a los derechos de las y los legisladores.

Finalmente, la Ministra Presidenta, Norma Piña Hernández calificó el procedimiento como “precipitado” y que, debido a la complejidad técnica de las reformas propuestas, era inviable que los diputados conocieran el contenido en su totalidad, lo cual vulneró “la equidad en la deliberación parlamentaria” y enfatizó “sin deliberación no hay acuerdos, no hay consensos”.

Consideraciones de los ministros sobre los cuales se puede debatir y analizar. (altar_mayor@yahoo.com.mx)