Vulnerables en sus hogares; delitos contra niños y niñas, en la impunidad

Esta situación, pone en riesgo de perder la vida a las menores de edad o al bebé durante el parto, lo cual es una problemática que se enfrenta año con año con mayores cifras.

Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, refieren que el estado reporta un promedio anual de 3 mil 967 embarazos en adolescentes, de tal suerte, que en el año 2016 se registraron 3 mil 917 casos; en 2017 la cifra creció a 4 mil 769; en 2018 fueron 4 mil 217; en 2019 se contabilizaron 3 mil 585 y en 2020 un total de 3 mil 346 casos.

En el periodo revisado se contabilizaron al menos seis casos de embarazos en niñas de 10 años de edad; 15 de 11 años; 54 de 12 años; 357 de 13 años; mil 441 de 14 años; 4 mil 480 de 15 años; 6 mil 069 de 16 años y 7 mil 413 de 17 años.

En entrevista con el Sistema Informativo de Tabasco (SIT), la presidenta de la Aldea por los Niños, Alejandra Arias Gómez, reveló que 5 de cada 10 casos de delitos en contra de niños, caen en la impunidad, debido a la falta de personal capacitado en la atención de los menores.

Al respecto, precisó que durante el periodo de pandemia, se disparó en más de un 100 por ciento el número de delitos en contra de menores, toda vez que es en el propio hogar donde se comenten delitos como abuso físico, explotación laboral y hasta abuso sexual.

APLICAR SANCIONES

Explicó que en la mayoría de los casos, es el padrastro el que violenta al menor, y se considera que la madre es cómplice de estos delitos por conocimiento y consentimiento del mismo, por lo que en materia de aplicación de la ley y castigo de delitos contra menores, se está solicitando que las sanciones se apliquen también a los cómplices.

“Son hasta 50 casos de abuso infantil, los que se atienden de manera mensual en la institución, casos ante los que se ofrece asesoría psicológica y jurídica, sin embargo, en cumplimiento de la ley, se procede a la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Gobierno del Estado, donde las víctimas tienen que ser atendidos por personal del Camvi, pero este organismo carece de personal capacitado, ya que se requiere de psicólogos clínicos infantiles, con experiencia en maltrato infantil”, dijo.

Por ello, mencionó que esta situación ha generado que en la mayoría de los casos, la atención del menor no sea correcta ni de manera inmediata, así como el que las carpetas de investigación no se elaboren de manera correcta, por lo que no se hace la investigación correcta de los delitos y se les da carpetazo.

“Los delitos contra la niñez deben perseguirse de oficio, sin embargo en las dependencias no hay personal suficiente ni capacitado para la atención de los menores que son violentados, y en la mayoría de los casos, por falta de experiencia en el tema no se atiende al menor de manera inmediata, no se hacen las investigaciones correspondientes y las carpetas de investigación se integran de manera errónea, por lo que pocas veces se castiga al agresor del menor”, apuntó.

VÍCTIMAS DE SUS AGRESORES

También, señaló que la sanción con la que se castiga a quienes violentan a los niños va de los 10 a los 12 años de cárcel y son muy pocos los casos en los que se castigan estos delitos, por lo que el menor sigue siendo víctima de sus agresores.

“Por falta de personal con experiencia no se atiende al menor de manera inmediata, se me programa una revisión psicológica en un lapso de dos semanas o hasta un mes, mientras tanto el menor tiene que regresar al hogar donde es violentado, cuando la atención debería ser inmediata”, añadió. Arias Gómez, refirió que ante ésta situación, se está solicitando al Gobierno del Estado la aplicación correcta de la ley, así como la sustitución de los funcionarios que están al frente de estos organismos por no cumplir con sus funciones.

Mencionó que al interior del Congreso de Estado, también hay una comisión de infancia, sin embargo a pesar del número de casos de delitos contra menores, los legisladores no han presentado una sola iniciativa de ley, ni se han ejecutado labor de investigación o vigilancia, por lo que se considera una comisión inoperante destacó.

Por ello, expuso que la labor de la asociación que encabeza además de la asesoría, es realizar actividades de prevención, como talleres en las escuelas para que los niños conozcan sus derechos y denuncien los casos de violencia.

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