Hay antecedentes en la zona petrolera de conflictos laborales

Grupos de personas se apostaban en los caminos rurales para colocar troncos e impedir el tránsito de las unidades a las obras en construcción. Los contratistas tenían que pagar una cuota a la mano para que pudieran transitar sin problema alguno.

Inclusive, los líderes de los bloqueos mostraban documentos “apócrifos” que los acreditaban como “delegados” de un sindicato. Esa escena se repetía de tramo en tramo de los caminos que conducían a las obras petroleras.

Las presiones eran también para obligar a las empresas a que contrataran a sus “trabajadores”. El entonces dirigente de la Coparmex en el estado, Ricardo Castellanos, declaró en aquella ocasión que estas “extorsiones” aumentaban el costo de obra en un 30 por ciento.

Esta problemática dio pie para que el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández, enviara al Congreso una iniciativa de ley para sancionar por la vía penal este tipo de prácticas.

La reforma al artículo 308 Bis del Código Penal de Tabasco se aprobó el 29 de julio de 2019. La oposición la bautizó como la “Ley Garrote”. Ese precepto castiga ahora con una sanción penal a quién o quiénes cometan “delitos contra la libertad de tránsito; de oposición a que se ejecuten trabajos y obras públicas, e interrupción o dificultad del servicio público de comunicación”.

“Se trata de meter orden, porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco”, argumentó en su momento la diputada de Morena, Julia Pardo Contreras.

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