Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja para garantizar la participación plena e igualdad de condiciones

Resaltó que de acuerdo a datos de la encuesta nacional de la dinámica demográfica, en México al 2018 existían 7 millones 877 mil personas con discapacidad, de las cuales la mitad son adultas mayores y uno de los problemas que enfrenta este grupo vulnerable es que no tienen autonomía total y se les restringe su capacidad de ejercicio, por lo que se considera incapacidad en la protección de los derechos humanos de estas personas.

Sin embargo, dijo que la SCJN ha estado trabajando a partir de la firma del tratado y la reforma constitucional del 2007 a fin de erradicar aspectos como la discriminación por motivos de deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y garantizar a las personas el goce o ejercicio en igualdad de condiciones.

Además, puntualizó que de acuerdo a un diseño universal de igualdad y no discriminación se busca que las personas puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.

“Gracias a la reforma constitucional aprobada en junio del 2011, la llamada Ley General para la Inclusión de las personas con Discapacidad, reconoce y garantiza los derechos humanos de estas personas, al considerar que dependencias como la Secretaria de Salud deben crear políticas públicas que permitan un programa de orientación y prevención, así como crear un centro para que estas personas puedan encontrar lo necesario de acuerdo a su discapacidad, mientras que la Secretaria del Trabajo garantiza el derecho al trabajo en igualdad de condiciones”, señaló.

En el mismo sentido, refirió, se garantiza el derecho a la educación pública, con la incorporación de un programa para la educación especial e inclusiva. 

Aseguró que la ley también prevé el derecho de accesibilidad universal a la vivienda, señalando a las entidades competentes de la administración pública federal, estatal y municipal como responsables de garantizar este derecho.

“En igual sentido el transporte público y las comunicaciones, deben ser garantizadas por la Secretaría de Comunicaciones, el deporte también debe estar garantizado de acuerdo a las condiciones de estas personas y por supuesto el acceso a la justicia y libertad de expresión, a través de unos lineamientos del programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad”, subrayó.

La especialista, agregó que en México ya se han declarado sentencias que protegen la no discriminación o existencia de categorías sospechosas que limitan el libre desarrollo de estas personas y ha sido precisamente en el poder judicial de la federación donde se empezaron a ofrecer soluciones a través de decisiones importantes en el camino a la protección de los más débiles.