Ex gobernador de Tabasco es declarado culpable de peculado

Al comprobarse su responsabilidad penal en el delito de peculado durante su gestión como gobernador de la entidad, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia emitió sentencia condenatoria en contra de Andrés Rafael “N”, a quien además se le impuso como pena 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como la reparación del daño al erario público del estado de Tabasco por poco más de 196 millones de pesos.

Con la determinación de la autoridad judicial quedaron en firme las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE), establecidas bajo la causa penal 157/2013 por desvíos de recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010.

La resolución emitida el 28 de febrero del año en curso confirma el actuar de esta institución ministerial que desde 2013 formuló acusaciones ante las instancias jurisdiccionales correspondientes con el objetivo principal de que se recuperen los recursos públicos desviados en agravio del pueblo de Tabasco.

Las indagatorias por estos hechos se relacionan con un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos y 60 centavos del sector salud pertenecientes al cuarto año de la administración anterior, mismos que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal representado por el Poder Ejecutivo.

El Juzgado Tercero Penal también ordenó una multa de 525 días para el exmandatario, así como la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.

A Andrés Rafael “N” se le abrieron distintos expedientes por su gestión en el Gobierno del Estado de Tabasco de 2007 a 2012, mismos que se encuentran en proceso y otros aún en integración.

La FGE sostiene su compromiso de recuperar los recursos faltantes pertenecientes al erario estatal y a la vez, hacer valer el Estado de Derecho.

DINERO APARECIÓ EN EUROPA Y ASIA

En agosto del 2017, el Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Circuito aprobó un amparo a Andrés Granier Melo, a fin que el auto de formal prisión se dictara debidamente fundamentado.

La Fiscalía General del Estado (FGE), ratificó en el año pasado que el desvío financiero de la administración del priista superó los 10 mil 600 millones de pesos, por lo que el órgano autónomo colaboró con el gobierno estadounidense para clarificar los desvíos de recursos en la entidad.

También, se dio a conocer que parte del dinero desviado se ubicó en Europa y Asia, y al encontrarse en efectivo se dificultó su búsqueda, de acuerdo a una conferencia de prensa que ofreció el titular de la FGE, Fernando Valenzuela Pernas en el 2017.

El exsecretario de Planeación y Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, fue señalado por la FGE al defraudar instituciones financieras con la obtención de créditos y cuentas con dinero de procedencia ilícita, lo cual  ocasionó que el gobierno de Estados Unidos asegurara siete propiedades, cuentas bancarias, tres autos, y alrededor de 50 millones de dólares.

El titular de la Fiscalía, Fernando Valenzuela Pernas, declaró en el año pasado que aunque hay ausencia de documental probatoria, se trabajará de manera ardua y conjunta para recuperar los recursos y hacer justicia por el erario público.

El actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ha referido en diversas ocasiones que antes de concluir su administración -en diciembre de este año- se debe recuperar el dinero que fue desviado de las arcas del estado.

También, ha explicado que la recuperación de recursos podría depender del juez que tiene la causa en Estados Unidos, sin embargo, uno de los propósitos del gobierno perredista es recuperar el monto.

Señalado de crisis en el Sector Salud

Desde que iniciaron los señalamientos a Andrés Granier Melo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha acusado al exmandatario priista de cubrir anomalías en el manejo de fondos federales del Seguro Popular, lo cual causó crisis en el sector salud de la entidad.

Tras la salida de la administración del acusado, las autoridades locales difundieron que en la región se registraba un grave desabasto de medicamentos, material y equipos en los hospitales, lo cual reflejó parte del desorden financiero que se mantuvo durante aquel sexenio.

En diciembre de 2013, médicos de hospitales públicos realizaron protestas para solicitar el pago de sus prestaciones laborales, por lo que en ese periodo se declaró en alerta máxima a este sector, por lo que la Secretaría de Finanzas tuvo que liberar 350 millones de pesos para reactivar los servicios médicos