Adán Augusto López cumple con declaración patrimonial
El secretario de Gobierno fue de los primeros en seguir los pasos del mandatario
Pese a la pandemia, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernandez fue el primer funcionario de la administración en entregar su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al 2020, cumpliendo así con una obligación que marca la propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En base al documento fechado a finales de mayo y entregado a la Secretaría de la Función Pública, se especifica que tuvo gastos por el orden de los un millón 851 mil pesos, además de conservarse con 12 bienes inmuebles los mismos reportados que en la declaración patrimonial del año pasado.
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Con respecto al número de vehículos se mantiene con 3 unidades que datan de otros años.
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Gabinete sigue ejemplo del gobernador
Aún cuando el plazo concluye en el mes de julio, el gabinete ha comenzado a entregar sus declaraciones patrimoniales y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública, misma que solo dio plazo de dos meses para cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Los primeros en seguir los pasos del gobernador del Estado, fueron el secretario de gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, quien reportó que ostenta un salario de 102 mil 500 pesos y el Secretario de Bienestar, Mario Llergo Latournerie, ostenta un salario de 102 mil 500 pesos.
A esta lista se sumó el Secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, quien informó que cuenta con un salario de 102 mil 300 pesos y el director del Instituto de Protección Civil del Estado, Jorge Mier y Terán, tiene un salario anual de 913 mil pesos.
Los demás secretarios como el de finanzas, Said Arminio Mena Oropeza; la secretaria de desarrollo económico y competitividad, Mayra Elena Jacobo; el coordinador jurídico, Guillermo del Rivero León y el secretario de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), Oscar Palomera Cano no han hecho la entrega de sus declaraciones.
La declaración patrimonial permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta la conclusión de su encargo.