Se amparan 300 investigadores de Conacyt ante nuevo reglamento

Recientemente un juez federal otorgó 140 suspensiones definitivas a un igual número de investigadores del país que promovieron amparos contra el nuevo reglamento del Conacyt, por lo que los académicos de la UPAEP, UDLAP, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana tienen altas posibilidades de obtener una resolución a favor.

El Conacyt decidió modificar su reglamento para que los investigadores de escuelas particulares no recibieran estímulos económicos, a pesar de que pasaron por el mismo proceso de selección que quienes laboran en escuelas públicas y varios tienen nombramientos por tres años, cuya vigencia aún no concluye.

Miguel Ángel Méndez, profesor del departamento de Ciencia Químico Biológica de la Universidad de las Américas Puebla, explicó que al tratarse de casos similares se espera que el fallo sea en el mismo sentido y les permita que se mantengan como miembros del sistema hasta que concluya la vigencia de su contrato que, dependiendo de los casos, termina en 2022 o 2023.

“La idea es que como nosotros habíamos aplicado en un momento previo a las modificaciones al reglamento, pues se respetara lo que el contrato indicaba, que era hasta el final de nuestro nombramiento y ya posteriormente pues haríamos una renovación de acuerdo a lo que marcará, en su momento, el reglamento”.

En consecuencia, tramitaron amparos argumentando que el Conacyt puede modificar sus reglas de operación, pero no aplicarlas de forma retroactiva y con las modificaciones se les discrimina por hacer ciencia e investigación desde una institución particular.

También expresó que hay investigadores en Puebla que interpusieron recursos de amparo porque la vigencia de su contrato todavía no concluía y otros porque concursaron y obtuvieron un lugar en el SNI unos meses antes de que se aprobara el reglamento mediante el cual ya no podían ser aceptados.

Expresó que confían en obtener una resolución positiva, ya que son casi mil 600 investigadores adscritos a instituciones privadas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y que, por ahora, siguen recibiendo sus estímulos económicos con la advertencia de que estos se suspenderán al concluir el año, aun cuando tienen un contrato vigente.

Por último, indicó que aun cuando las autoridades beneficien a las y los investigadores aceptando sus amparos para evitar la discriminación contra quienes no laboran en instituciones públicas, será necesario promover una controversia constitucional contra el reglamento del Conacyt recién avalado.

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