Un error de diciembre y el robo del siglo

Al leer la parte donde Humberto Mayans, en su libro “Antimemorias” nos explica el FOBAPROA, el peor fraude y traición cometido contra México en la historia moderna, también sentí indignación como lo sentí cuando comenté el remate que Carlos Salinas hizo con los bienes de la Nación entre puro cuate. También hay que tener hígado y estómago para presenciar tanta bajeza y tantos actos de corrupción sin respeto a la ley cometidos por una bola de rufianes. Son los mismos que hoy critican y atacan a Andrés Manuel López Obrador, y con sus ataques y calumnias vuelven a hacer alarde de sus bajezas y de su inmoralidad.

Pero dejemos que nuestro autor Mayans Canabal hable:

A partir de los “errores de diciembre” de 1994 y de la crisis económica y financiera que empezó a gestarse en los últimos meses del gobierno de Salinas, se dio una peligrosa y acelerada fuga de capitales: las reservas internacionales disminuyeron drásticamente; en sólo tres semanas tuvieron una merma 4 mil 451 millones de dólares. Muchos bancos cayeron en cartera vencida a los que urgía rescatar. Y en ese rescate empezó el fraude: muchos bancos “maquillaron” las cifras de sus carteras, las inflaron; otros bancos no tenían problemas con sus carteras, ni estaban quebrados, pero a río revuelto aprovecharon la ola de corrupción. Se suponía que el rescate se hacía pensando en el pequeño y mediano ahorrador; sin embargo, la estrategia que eligió el gobierno de Zedillo benefició exclusivamente a los banqueros, a sus socios y familiares y perjudicó a más de 640 mil pequeños y medianos deudores de buena fe, muchos de ellos perdieron su patrimonio. Y repito, en ese rescate se beneficiaron bancos que no tenían problemas de liquidez. Y en esa transa se le otorgaron 79 mil millones de pesos a Banamex; a Bancomer, 80 mil millones de pesos; a Bital, 40 mil millones de pesos y a Banorte, 11 mil millones. Y se pregunta el autor: ¿Quién autorizó incluirlos en los beneficios? ¿Por qué se hizo, si no tenían necesidad de ello? Y luego nos dice:

Todo ello implicó que el gobierno de la República asumiera el quebranto de los bancos y se convirtiera así en el principal deudor permaneciendo las instituciones financieras en manos privadas, hecho totalmente irregular, pues los bancos intervenidos deberían haber permanecido bajo la jurisdicción del gobierno federal, por los altos montos de su rescate.

Y en el colmo de la ilegalidad, nos dice que se emitieron pagarés avalados por el Estado, y que firmaban de manera indiscriminada e indebida el tesorero de la Federación Jonathan Davis y el subsecretario de Hacienda, Martin Werner que NO estaban autorizados para hacerlo pues sólo el Congreso federal está autorizado para hacerlo como lo marca la ley pues se trataba de deuda pública. Esos pagarés eran para cubrir los faltantes de los activos de los bancos intervenidos. El FOBAPROA asumía los 440 mil créditos de los bancos, eran créditos imposibles de pagar por las dificultades de recuperación debido a las altas tasas de interés que se habían incrementado al 100 por ciento. Y por si fuera poca la náusea, de los 553 mil millones de pesos iniciales del FOBAPROA y que el estado asumió, los banqueros y familiares, sin cumplir con los requisitos de ley se otorgaron préstamos por 250 mil millones de créditos incobrables, es decir, “créditos chatarra”, nos dice Mayans.

APRENDIZAJE DE INMORALIDADES

Transcribe el autor un texto del reconocido ensayista Luis Rubio que escribió en 1998, y que califica de manera muy puntual ese proceso de privatización:

En el corazón del problema bancario se encuentra, pues, una privatización fundamentada en criterios errados, malhecha y operada por personas inexpertas, en ocasiones incompetentes y en algunos casos deshonestas y carentes de todo sentido ético. Y en este punto el que aquí comenta se pregunta: ¿Y a eso fue Zedillo a doctorarse en Economía a los Estados Unidos? ¿A aprender cómo se entrega, de manera ilegal e inmoral, el patrimonio nacional a los pillos y a los extranjeros?

Nos dice Mayans que ante el proceso de rescate, el Grupo Galileo, como miembros del senado, propuso al gobierno separar las carteras. Por un lado las de aquellos créditos otorgados a millones de mexicanos que cumplían con la documentación en forma transparente y que podían alcanzar un monto de 300 mil millones de pesos. Y por otro lado las carteras de créditos a los banqueros y que podían alcanzar 250 mil millones de pesos. Pero no se hizo así. Zedillo y cómplices hicieron caso omiso de la propuesta.

De esta manera, nos sigue explicando Humberto, al separar y diferenciar la naturaleza de las carteras, conoceríamos las “entrañas” de cada banco y se garantizaría que no se incluyera el saqueo de los “neobanqueros”, que habían actuado con total ilegalidad, opacidad e impunidad. El gobierno federal nunca explicó al Congreso de la Unión, menos a la opinión pública la situación real y verdadera en que se encontraba la banca. Seguiremos con este valioso testimonio.