La insoportable necesidad de tener presos políticos

Se diría que la política mexicana es un juego que no puede jugarse sin presos políticos: ciudadanos mal acusados de supuestos delitos graves, a los que el gobierno mete a la cárcel por razones políticas, para allanarse el camino, infundir miedo o cumplir venganzas personales.

La politización de la justicia es parte del ADN nacional y habla muy mal tanto de nuestra política como de nuestra justicia. No hay sexenio sin preso político, ni antes ni después de la democracia.

Adolfo López Mateos (1958- 1964) tuvo preso por una huelga al líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo. Díaz Ordaz y Echeverría, tuvieron presos a los líderes del movimiento estudiantil del 68.

López Portillo encarceló a los ex secretarios, Méndez Docurro y Félix Barra, para mostrar que condenaba la corrupción del gobierno de Echeverría, su antecesor.

De la Madrid encarceló a Jorge Díaz Serrano, ex director de Pemex, para demostrar a su vez que condenaba la corrupción del gobierno de López Portillo.

Carlos Salinas tuvo preso al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia y al banquero, Eduardo Legorreta.

Zedillo tuvo preso a Raúl Salinas, hermano del presidente antecesor. Fox desaforó y estuvo a un paso de meter a la cárcel a López Obrador, para bajarlo de la competencia presidencial.

Felipe Calderón cargó con una absolución de la Corte para la presa Florence Cassez, acusada de homicidio en una confusa pero incuestionable fabricación de delitos.

Enrique Peña encarceló a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, para facilitar su reforma educativa.

López Obrador tiene en la cárcel al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, al ex senador panista Jorge Luis Lavalle y, en el exilio, por acusaciones judiciales, a Ricardo Anaya, aspirante presidencial del PAN.

Encarceló también a Rosario Robles, a quien soltó el mismo día en que detuvo al ex procurador Jesús Murillo Karam, para tratar de zanjar así el caso de Ayotzinapa: con la entrega de un culpable, no con las pruebas de una investigación.

Hay además 83 órdenes de aprehensión contra militares, policías y políticos hasta ahora no involucrados en el caso, y contra sólo un puñado de delincuentes.

Cuestión de prioridades en la arbitrariedad.