La Obra Pública y su Inobservancia

Como resultado de una pésima planeación y ejecución, el miércoles pasado se derrumbó en San Baltazar Temaxcalac, Texmelucan, Puebla, un tanque elevado de agua, cuya rehabilitación había sido entregada oficialmente dos días antes por la presidenta municipal.  A los pocos minutos de ocurrido el colapso del tanque, las autoridades reportaron un saldo de dos personas muertas.  Posteriormente, se dijo que una tercera—clasificada inicialmente como lesionada—había fallecido también. De confirmarse la noticia, el número de víctimas se habrá incrementado.   La presidenta municipal, Norma Layón, al arribar al sitio fue recibida con insultos y pedradas, razón por la cual debió abandonar el lugar con prisas.  Las redes sociales hicieron viral el acontecimiento, al grado que a los pocos minutos circulaba ya un video en el que quedó registrado el momento en que el tanque colapsó.  Por supuesto, el evento ha sido cubierto por medios y redes de acuerdo con los valores noticiosos predominantes: tragedia, encono ciudadano y la consecuente reacción violenta de los habitantes del lugar.

Sin embargo, una rápida y superficial búsqueda de eventos similares deja ver que el fracaso de la obra pública en México es más común de lo que podría pensarse, aunque—por fortuna—la tragedia no se presenta en todos los hechos.  Así, por ejemplo, a principios de este mes, en Chihuahua, colapsó un puente construido sobre el río Sacramento, como resultado de las fuertes lluvias que han caído sobre la zona.  El puente fue construido apenas hace 30 años y su reconstrucción costará alrededor de 15 millones de pesos.  La población de Juchitán, Oaxaca, bloqueó a finales de agosto la carretera Transístmica demandando la sustitución de su colapsada red de drenaje, a fin de evitar futuros derrames de aguas negras como el que propició esta protesta.  La rehabilitación requerirá de una inversión de 50 millones—que el estado no tiene—y resultará complicada porque la red tiene una profundidad de seis metros y fue instalada cuando no había edificaciones alrededor.  Excavar ahora, señalan expertos, pondrá en riesgo a muchas casas habitación erigidas en tiempos recientes. 

En los últimos días de agosto, en Querétaro, colapsó una trabe recién instalada en el Puente Sombrerete.  El hecho tiene similitudes al ocurrido antier en Texmelucan: horas antes de que ocurriera, el gobernador y el presidente municipal visitaron la  obra y exaltaron su calidad y la velocidad de la construcción.  En Oaxaca, un tramo de casi siete kilómetros de un camino rural, cuya construcción fue aprobado por la SCT en 2019 en zona inestable, tuvo que ser retirado recientemente porque comenzó a hundirse y colapsó. También  recientemente, en Cuernavaca, el gobierno municipal hubo de sustituir, en una importante colonia, tubería de drenaje que había colapsado debido a que los tubos originales, de diámetro reducido, fueron instalados 30 años atrás. En febrero, cuatro trabes de un puente vehicular de la carretera México-Pachuca, rehabilitada para comunicar con el aeropuerto Felipe Ángeles, colapsaron; una de ellas hirió de gravedad a uno de los trabajadores. 

Todos estos casos—y otros muchos, si la búsqueda fuera exhaustiva—muestran que en México, la planeación de la obra pública en todos sus niveles, su asignación y realización ocurren bajo prácticas de improvisación y corrupción añejamente consolidadas y cobijadas por la impunidad.  Hacen falta en México, a nivel federal, regional, estatal y municipal, observatorios ciudadanos de la obra pública.  Organismos de este tipo se han ido creando en los últimos años en países como España, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, entre otros.  En ellos participan las universidades, colegios de profesionales de la construcción y la administración, asociaciones civiles, sindicatos y medios de comunicación para dar seguimiento a la normatividad que rige todos los procesos de la construcción de la obra pública, así como su asignación, ejecución y financiamiento. 

En México, existe un par de observatorios que podrían aproximarse a éstos. Uno, es el Observatorio de la Corrupción e Impunidad, cuyos responsables son estudiantes de la UNAM.  Esta agrupación creó  un análisis comparativo—de carácter descriptivo—de las legislaciones estatales de la obra pública, en el cual quedan incluidas la mayoría de las entidades federativas.  Pero no es identificable en su página alguna otra aportación.  Otro, que por su origen y naturaleza podría tener más peso y relevancia, es el Observatorio de la Industria de la Construcción, creado en 2015 con la finalidad de proporcionar información útil para replicar la información oficial y combatir corrupción, impunidad y discrecionalidad en los manejos del presupuesto de infraestructura, según se desprende de su declaración de identidad en su página web.  Sin embargo, aunque ahí mismo indica que da seguimiento mensual a las principales obras del gobierno federal—como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas—así como a las principales paraestatales, no es posible acceder a sus informes.  Hace unos días, este observatorio instaló en Sonora su primera representación estatal.  Tal vez la falta de pronunciamientos de este observatorio se explique por no tener un origen y naturaleza enteramente civil; en la creación del capítulo Sonora intervinieron la Cámara de la Industria de la Construcción y el gobierno del estado.  No se entiende que la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la creación del AIFA, el derrumbe de la línea 12 del Metro, así como la realización de la refinería de Dos Bocas y del Tren Maya no hayan sido objeto del escrutinio de este observatorio. 

Desde siempre hemos sabido en México que la obra pública es una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito de políticos y empresarios.  Es también conocido que la mayor parte de ella se erige de acuerdo con oscuros y aviesos intereses de sus promotores y contados beneficiarios, no en atención a las múltiples y profundas necesidades sociales.  Desgracias como las de Texmelucan tienen que ser entendidas en este histórico contexto de falta de visión, ineficiencia, corrupción e impunidad.  He aquí, pues, un campo de intervención para la sociedad civil.  Sin duda, su participación resultará fértil y útil.