Al PRI le salió el tiro por la culata en su replanteamiento ante la voluntad popular ante la proximidad de  las elecciones de 2021 mediante una asertiva campaña mediática, destacando sus méritos de un régimen de gobiernos que contribuyeron al desarrollo socioeconómico e institucional del país; sin embargo, no contaban con la adversidad de la  viral la noticia sobre la captura de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, uno de sus ícono más recientes de corrupción e impunidad, su karma de siempre.

Parecían haber encontrado la fórmula perfecta con el cliché  #EchaleLaCulpaAlPRI, para resurgir luego de un contundente derrota que le cimbró en la elecciones del uno de julio de 2018, al perder desde el cargo de Presidente de la República, el Congreso de la Unión, las nueve gubernaturas en juego, además de ayuntamientos y congresos locales. Pero la captura del operador de los moches a cambio de contratos de gobierno, sobretodo a las empresas extranjeras, les echó abajo sus soberbias.

La corrupción e impunidad, uno de los ejes principales a combatir por el régimen la de la cuarta transformación, han sido el común denominador del PRI durante el trecho de 71 años de gobiernos hegemónicos en el siglo XX, hasta que en el 2000 perdió por vez primera la presidencia mexicana; condensados de nueva cuenta con Enrique Peña Nieto de vuelta efímeramente a Los Pinos, al grado de dejar en el más escandaloso quebranto económico y social al país, punteando el desempleo y la delincuencia.

Transparencia Internacional, fundada en 1993, con sede en Berlín, Alemania, en su ranking 2018 de los países más honestos a los más corrompidos ubicó a México en el nada honroso lugar 135 de los más opacos entre un universo 170 alrededor del mundo. Así, imposible detonar inversiones derivadas en desarrollo y crecimiento.

Bien valdría hacer una retrospectiva para mostrar de lo nocivo que ha sido el PRI en temas gravosos como la represión social, genocidios como el 68, y el mayor de los agravios hasta ahora irreversible en el cambio de un modelo educativo de calidad a uno mediocre por así convenir a sus intereses que disuadieran la capacidad crítica y de discrepancia ideológica de las masas, todo justificado por temor de perder el mando gubernamental.

Sin embargo, el trecho de 2012 a 2018 por ser el más reciente,  serviría para exponer hechos contundentes del infortunio nacional por haber estado bajo la tutela de un gobierno frívolo y superficial; comenzando por un neófito depositario de la primera magistratura del mando federado, ocupado en hurtar el patrimonio nacional en vez de mirar por el bienestar común de los mexicanos.

El Gobierno de México, a través de las instancias correspondientes: Secretaría de la Función Pública y Unidad de Inteligencia Financiera, está obligado a cumplir con el compromiso de denunciar con argumento sólidos la corrupción; y en este caso sí se devuelva a los mexicanos lo robado. 

Desde luego que Emilio Lozoya Austin como director de Pemex no actuó por sí mismo sino que detrás de él hubo una cúpula que con él se confabuló para operar toda una red de extorción, sustentada en una gran piedra preciosa en la que se convirtió Pemex a partir de la reforma energética, gestionando una incuantificable cantidad millonaria en dólares, que inició con la contratista brasileña Odebrech que le aportó de inicio para el financiamiento de la campaña presidencial priista.

No se puede olvidar en lo absoluto la #EstafaMaestra de Rosario Robles Berlanga, cuando fue Secretaria de Desarrollo Social y luego en Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con iniciales 7 mil 670 millones de pesos vinculado a universidades.

No podía pasar desapercibida la Casa Blanca, una lujosa residencia de Lomas de Chapultepec, para ser precisos en el número 150 de Sierra Gorda, en la Ciudad de México, en posesión del ex presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, la actriz Angélica Rivera, cuando el propietario siempre fue Grupo Higa, una de las principales empresas constructoras beneficiadas desde la gestión gubernamental en el Estado de México.

A Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, sería más sencillo preguntarse qué hizo de escasamente rescatable cuando la rapiña al patrimonio económico le marcó vendiendo reservas territoriales para sí mismos; vaya, hasta en el sector salud el medicamento de  diálisis resultó ser agua.

Roberto Borge Angulo, también en la cárcel, tiene también sus asuntos pendientes por

Sus actos deshonestos en Quintana Roo malbaratando con sus afines como prestanombres reservas territoriales protegidas; como ocurrió en los mismos términos con César Duarte en Chihuahua, en su caso aún sin ser localizado por la Interpol. Todos ejecutivos locales presumidos como la nueva camada de políticos priistas comprometidos… con lo ajeno.

 Si se mira hacia atrás al neoliberalismo sobresalen el “Error de Diciembre”, detonante de la crisis económica más severa, equiparable con la de 1929, que hundió en una desproporcionada deuda y pérdida del patrimonio de la ciudadanía que traía consigo préstamos con intereses que se dispararon; y a empresas quebradas, sobre todo pequeñas y medianas.

El #EchaleLaCulpaAlPRI de la abortada campaña mediática juega ahora en contra anticipando una derrota fulminante en las votaciones intermedias del seis de junio de 2021, cuando se votará para diputados federales en concurrencias con las 32 entidades locales, de las cuales 15 de ellas renovarán gobernador.

Bitácora

¿Alguien se acuerda de 1 mil millones de pesos que Pemex en el 2000 le cedió al priista Carlos Romero Deschamps, entonces poderoso líder petrolero?

eduhdez@yahoo.com