¿Proyectos alternativos de nación o regreso de la clase política? (III)
En México la intervención judicial en las elecciones ya se intentó en 2004 mediante un desafuero decretado por la Suprema Corte de Justicia en contra del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador
Como nunca, la competencia entre dos proyectos de nación se da en medio de una división internacional que atraviesa tanto a España como a Latinoamérica, y que se manifiesta abiertamente con las acciones de una especie de "internacional de derecha", que hasta ahora ha tenido éxito con el triunfo de Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador. Y que, en última instancia, claramente se muestra como una confrontación entre los proyectos de autonomía nacional para el aprovechamiento de los recursos naturales y manejo de políticas financieras por parte de los gobiernos nacionales, apodado populismo por los medios de comunicación y los académicos, y los que proponen -como se está demostrando en Argentina- un regreso al neoliberalismo más agresivo con privatizaciones, dolarización y sometimiento total al Fondo Monetario Internacional.
Ahora se le agrega la intervención directa de la Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, en estos dos países (en septiembre había visitado a Perú tras la destitución judicial de Pedro Castillo), obteniendo públicamente, al menos, el permiso para instalar una base militar en Patagonia. Es muy probable que esto -incluso el asalto a la embajada mexicana- esté encuadrado en una estrategia geopolítica de Estados Unidos para evitar la unidad latinoamericana y tener la propiedad o el acceso directo prioritario a recursos escasos estratégicos como son el agua, el litio, el petróleo y el gas. De hecho, como expone Silvina Romano el objetivo más amplio de la guerra jurídica es la desestatización, que tiene que ver con la idea expuesta por Bill Clinton en su discurso de su segunda asunción donde afirmó sólo existe un estado indispensable a nivel mundial.
Esta división, se manifiesta sobre todo a la hora de las urnas y las votaciones populares universales, que a lo largo del siglo han favorecido a los proyectos apodados populistas, y en casi todos los casos, los gobiernos neoliberales han llegado sólo mediante golpes de estado blandos o por procesos que limitan la participación de líderes opositores en las elecciones generales, es decir, mediante la intervención del poder judicial (el caso de Brasil con la deposición de Dilma Rouseff, el encarcelamiento de Lula da Silva -quien al participar en una nueva elección ganó otra vez-).
ESTRATEGIA DEL SHOCK
También, como podría suceder en México, con la intervención del poder judicial tratando de descalificar las elecciones y desconocer el registro del partido ganador como se intentó recientemente en Guatemala. O en su caso, aplicando lo que Naomi Klein (2007) describe como la "estrategia del shock" creando condiciones para la quiebra de los gobiernos a través de la deuda pública, los estrangulamientos y bloqueos, y la generación de procesos inflacionarios como ocurrió en Argentina en 2023.
En México la intervención judicial en las elecciones ya se intentó en 2004 mediante un desafuero decretado por la Suprema Corte de Justicia en contra del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para impedir que participara en las elecciones del 2006. Y ahora se revive con una investigación y filtración de ésta a la prensa por parte de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, donde a partir de una denuncia anónima procesada en un solo día, se acusa al anterior presidente de la Corte y al presidente de actos indebidos, acoso y presiones a diversos jueces.
Esta condición electoral en buena parte puede deberse o incluso manifestar la constitución dual de las sociedades latinoamericanas que podemos atribuir a su origen colonial. No tiene entonces nada de sorprendente que el ciclo inicial de gobiernos progresistas latinoamericanos de este siglo venga precedido en los años 90 de movilizaciones reivindicativas indígenas como la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE), el movimientos Sin Tierra en Brasil, el cocalero en Bolivia, el neozapatista de Chiapas en México, etcétera. El descontento y la crisis provocada por las políticas neoliberales como, en Argentina en 2001, en todos estos países ya en el ámbito de la política nacional se traduciría en un "que se vayan todos", como rechazo a la clase política, cuya construcción y profesionalización como parte de la modernización, fue un objetivo explícito de las políticas neoliberales para desdramatizar la política. Se trataba de separar las decisiones políticas de los gobiernos, y en particular de aquellos nombrados por el voto popular, de las decisiones económicas que mayormente quedarían en la esfera privada de organismos descentralizados. Una forma de lo que Norberto Bobbio (1995) describía como "gobierno secreto". Continuará. (El autor es investigador del CRIM-UNAM y activista. Comparte con los lectores un interesante análisis incluido en el libro "México en la encrucijada 2024". Topodrilo Libros, con participación de varios estudiosos)