Ministra y Plagio: La Permisividad

Inevitablemente, el asunto del ampliamente documentado plagio de tesis—con el que la ministra Yasmín Esquivel obtuvo su grado de licenciada en Derecho—ha transitado en el ámbito de la opinión pública cargado de tintes políticos y envuelto en nuestra ya acendrada polarización.  La politización del tema conduce a perder de vista la gravedad del hecho y a no percibir que vivimos envueltos en una cultura de la permisividad que contrasta con una cultura de la responsabilidad y el derecho.

El desarrollo de este fenómeno sólo es posible porque la cultura que regula nuestras convivencias sociales está cargada de valores ambiguos y de actitudes acomodaticias.  Los hechos, de acuerdo con esta cultura, pueden adquirir significados contradictorios, dependiendo de los actores, los momentos y los contextos.  

La Universidad Nacional ha dado fe de que un alto porcentaje del trabajo presentado por la ministra es similar a la tesis que un año antes que ella presentó Edgar Ulises Báez Gutiérrez, bajo la dirección de la misma profesora, Marta Rodríguez Ortiz.  Sin embargo, la institución ha sostenido falta de legislación que pudiera conducir anular la validez del título de la ministra.  La respuesta ha provocado reacciones diversas.  No fue sino hasta el miércoles pasado cuando la universidad informó que había despedido a profesora Rodríguez, quien no había hecho ninguna declaración, sino hasta que en entrevista con López Dóriga dijo que la autora original del trabajo es Yasmín Esquivel.  

Por otro lado, la ministra no sólo continúa en su posición, sino que ha recibido el espaldarazo del presidente y ha declarado que no renunciará.  Los restantes miembros de la Suprema Corte, incluida la presidente Norma Piña, no han hecho ningún pronunciamiento al respecto. 

En otros países, una situación similar habría suscitado una crisis en el poder Judicial.  El implicado o implicada habría tenido que renunciar de manera inmediata para evitarle más daños a la institución.  Asimismo, la Corte habría tenido que revisar muchos de los casos en los que hubiese tenido participación.  No sólo eso.  La denuncia habría significado una fuerte crisis en la institución dentro de la cual el ilícito fue realizado.  No imagino a Harvard o a Yale viviendo un escándalo de este tipo.

Aquí, sin embargo, eso no ha ocurrido. Por el contrario, la ministra se llama ofendida y no duda en mantenerse en su posición.  No le preocupan la Corte, sus compañeros ni las futuras consecuencias negativas de su desempeño.  La UNAM, por su parte, ha reaccionado tarde.

No está claro si el vacío legal existe en la UNAM; tampoco si la renuencia a profundizar en el caso esté motivada por razones políticas.  La institución habrá de renovar la rectoría este año y tal vez las autoridades piensen que actuar en contra de la ministra incrementaría la animadversión del presidente hacia la casa de estudios y aumentarlas posibilidades de un rector afín al presidente.  No obstante, la universidad no puede salvarse de la crítica. ¿Cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI la institución no se haya ocupado de reglamentar el plagio a todo nivel en la vida académica? Sobre todo, cuando las tecnologías de la comunicación facilitan el acceso a todo tipo de información, al grado que existe hoy inteligencia artificial que permite realizar un escrito académico de alto nivel con sólo ingresar unos cuantos comandos.  ¿Por qué la principal universidad de México no se ha ocupado de atender la conducta que más atenta contra el sentido de la vida académica, científica e intelectual?  

Años atrás, se hizo del dominio público que el presidente Enrique Peña Nieto había incurrido en una práctica similar.  A pesar de que el hecho suscitó una gran controversia, la UNAM no hizo nada por ocuparse del fenómeno y legislar para erradicar las malas prácticas.  Eso es imperdonable.  

Por otra parte, es inadmisible que la ministra continúe siendo parte del poder Judicial.  ¿Cómo podemos confiar los mexicanos en las decisiones que tome en el seno del cuerpo encargado de hacer valer nuestra Constitución y las demás leyes que de ella se desprenden?  Si, como ella afirma, es la autora original del proyecto, debería ocuparse de demostrarlo.  Entre tanto, por dignidad y para evitar situaciones críticas dentro de la Corte, debería dejar su cargo.

Que un caso como éste ocurra como está ocurriendo ahora y que se discuta en la opinión pública como se está discutiendo demuestra, con toda claridad, que nos regimos por una cultura de valores ambivalentes y convenencieros.  Es un hecho que somos una sociedad alejada del Estado de Derecho.