PARADEROS

Varias universidades y tecnológicos, así como otras instituciones están fuera de la ley porque sus rectores o directores tienen mandatos vencidos y no se ha procedido según la normatividad. Palabras más, palabras menos fue lo que expresó hace unos días el diputado Pablo Flores, de la Comisión de Educación del Congreso del Estado.

Aseguró que pedirían "de manera firme" a la secretaria de Educación, Egla Cornelio, que revisara la situación de la legalidad en los periodos de varios directivos, porque de no hacerlo no sólo va contra un principio básico de respeto y aplicación de las normas internas, sino que también puede afectar a los estudiantes y profesores por la invalidez oficial. En efecto, hay quienes pueden caer inclusive en la usurpación de funciones.

Mucho nos hemos quejado de la falta de autoridad, de la necesaria conducta ética de los ciudadanos, pero pasamos por alto algunos conductas y procedimientos que deben ser elementales: que en las instituciones de educación superior, de donde salen y saldrán nuestros futuros gobernantes, representantes, profesionistas o empresarios, tiene que existir una cuidadosa aplicación de las leyes y la moralidad. Predicar con el ejemplo.

Cierto, como bien nos comentan, que lamentablemente en la selección de la mayoría de los rectores y directores, no se privilegia el factor académico sino político. ¿Cuántos de estos funcionarios no despachan de manera temporal mientras les llega el siguiente cargo público?, ¿o cuantos están ahí como un premio de consolación?

Las malas prácticas van en detrimento de la educación y de la calidad de ciudadanos que queremos y debemos ofrecer a la comunidad. Estamos en espera de que otros diputados se hagan eco de lo expuesto por el legislador Pablo Flores.