El Rector y Su Discurso

Ciertamente, a la Universidad Nacional Autónoma de México se le debe reprochar su lento proceder en el caso del plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel.  En primer lugar, porque, a pesar de que en 2015 causó revuelo el hecho de que Peña Nieto había plagiado la tesis con la que obtuvo el grado de licenciado en Derecho en la Universidad Panamericana, la institución no se ocupó del fenómeno.  Si bien, el asunto no competía directamente a la UNAM, el hecho debió despertar interés; por revisar los procesos de producción académica y legislar para evitar una eventualidad similar, situación que se presentó. No lo hizo.  El doctor Enrique Graue asumió la rectoría unos meses después del escándalo.  El asunto no estaba en su agenda. 

En segundo lugar, porque cesó tardíamente a la profesora Martha Rodríguez Ortiz.  En los momentos de mayor convulsión por el asunto, nada se sabía de ella, a pesar de que había dirigido tanto a la ministra como a Ulises Báez, presuntamente el autor del trabajo. Pero la forma en la que el rector Enrique Graue afrontó el problema y respondió a las críticas presidenciales no puede ser objeto de críticas por varias razones. Encuentro tres.

Primera.  La UNAM, al igual que todas las instituciones, se rige por una normatividad emanada de las relaciones sociales y políticas de todos los sectores que la componen y cuya finalidad es la de preservar un orden que posibilite una convivencia funcional para que los conflictos sean dirimidos sin discrecionalidad. Los intereses de la comunidad deben privar sobre los particulares.  El rector dio respuesta a las demandas presidenciales de retirar el título a la ministra con base en la reglamentación existente.  Es lamentable que la máxima casa de estudios del país no haya legislado aún al respecto.  El rector mismo lo reconoció, por lo que comprometió a la institución a cubrir el vacío reglamentario.  No obstante, no está autorizado el rector a anular títulos.  De haberlo hecho, habría violado la normatividad universitaria y se habría hecho acreedor a sanciones.  El rector, pues, no actúo sólo con prudencia, sino en estricto apego a la ley, conducta notable, especialmente en estos tiempos en los que la ignorancia de las leyes es ya práctica cotidiana.

Segunda.  La exigencia del retiro del título surgió del ambiente polarizado y de encono en el que, lamentablemente, se encuentra atrapada la opinión pública.  Si bien voces autorizadas demandan la anulación de la licencia por razones justificadas, como es el hecho de que muchas de las decisiones que surgen de la Corte podrían ser cuestionadas porque en ellas habría participado la ministra, con credenciales dudosas y posiblemente sujetas a una anulación futura.  Pero la mayoría de las demandas persiguen, sobre todo, desacreditar al presidente y su política porque la ministra era su candidata a la presidencia de la Corte y porque, además, la ha defendido restando importancia al acto de la supuesta ilegalidad con la que se tituló.  En ese sentido, el discurso del rector y el tono con el que lo expuso tienen un doble mensaje: el abiertamente expresado (no hay condiciones legales para anular el título) y otro sutil: urge que los asuntos nacionales se debatan de manera racional, con base en la legislación existente y sin aspavientos mediáticos. 

Urge debatir con el vocabulario propio de la discusión democrática y respetuosa.  Los adjetivos, las descalificaciones no deben tener cabida en la esfera pública, por más que se le haya degradado más allá de lo que ya estaba.  Las críticas que ha recibido Graue por “no haber respondido con firmeza”, no hacen sino dar cuenta de que el presidente tiene ganada la batalla política: se espera que a sus actos autoritarios y descalificaciones se le responda de igual manera.  Insisto, el mensaje del rector tiene un trasfondo político: la salud del país demanda, con urgencia, elevar el nivel del debate, demanda no dar la espalda a la civilidad, al intercambio de argumentos con sustento.  Basta de jugar a las vencidas. 

Tercera.  El rector quiso dejar en claro que la institucionalidad universitaria está sólida.  No es un asunto menor. Recordemos que a finales de este año, Graue deberá entregar el cargo a otro miembro de la comunidad y el presidente ha dado muestras de querer intervenir en el proceso, pues no le satisface mucho que la institución no se apegue a sus intereses y no esté dispuesta a ser absorbida por la máquina ideológica de su gobierno.  Este asunto no está agotado.