La trascendencia histórica de la Reforma Jurídica de la Cuarta Transformación

El siglo XXI se ha caracterizado, sobre todo en América Latina, pero no sólo - recordemos el triunfo de los gobiernos de Islandia y Siriza en Grecia tras la crisis de 2008- por el avance de los gobiernos populares, apodados populistas por los científicos sociales (que son gente de clase y la defienden generando discursos complicados y amparados mediante elaboraciones discursivas que -como explica Michel Foucault- generan una impresión de objetividad y verdad superior -por eso el esfuerzo de justificar que sólo existe una sola forma de conocimiento que casualmente es la moderna europea que la elaboran algunas universidades y que se imponen a las demás mediante las formas de evaluación).

Pero al mismo tiempo, por su destrucción o represión, ya no mediante golpes de Estado militares sangrientos como los de los años 70, sino con base en la estructura institucional neoliberal construida entre 1980 y 2010; las llamadas reformas estructurales, que se presentaron como la única forma de democracia, recuperaron a lo que siempre fue el núcleo duro de la dominación de las clases propietarias: el poder judicial.

Como dice Foucault, el historiador y filósofo francés: las leyes son el mantenimiento de las ventajas obtenidas tras una guerra en tiempos de paz. Este sistema tiene la ventaja de que por una parte, para intervenir en él, incluso meramente para defenderse, se necesita de un alto nivel de especialización en densos documentos y lógicas (denunciadas por Franz Kafka) que normalmente sólo son accesibles a quien -como lo explica el sociólogo francés Pierre Bourdieu- tiene la posibilidad económica de no tener que integrarse a la vida laboral a una edad temprana y tiene las relaciones sociales privilegiadas: es decir, tener la acumulación de capital familiar económico, cultural y social privilegiada. De por sí es un sistema conservador de jerarquización social y de exclusión.

         En el siglo XXI, para poder mantener el formato de democracia como voto universal, y al mismo tiempo excluir a las clases populares, subordinadas, explotadas o marginadas, la estrategia ha sido el usar y abusar de formatos jurídicos tanto para impedir la participación en elecciones de los representantes de estas clases. Se intentó aplicar a AMLO con el desafuero que fracasó, y antes de la toma de posesión del actual presidente guatemalteco; se le hizo exitosamente en su momento a Lula da Silva, y se le ha hecho a Rafael Correa y a Jorge Glas en Ecuador. Y si no, se ha usado para remover a presidentes en funciones: Djilma Roussef en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay,  Manuel Zelaya en Honduras, Pedro Castillo en Perú, y se intenta ahora en Colombia contra Gustavo Petro.

Y si no, se usa una estrategia múltiple como la dirigida abiertamente por la OEA y la embajada de EU para remover a Evo Morales en Bolivia. Esta estrategia va acompañada de muchas medidas ya usadas en 1973 en Chile, como los paros de transportistas, las huelgas empresariales, el ocultamiento de medicinas, el encarecimiento artificial de alimentos, los ataques financieros contra la moneda, los sabotajes como el efectuado en la CDMX contra la sala de control central del metro, el aumento de las acciones de la delincuencia organizada, o el acoso personal y a las familias y hogares de los líderes como hicieron en Bolivia y han estado haciendo en España contra Pablo Iglesias, Irene Montero y  el presidente Sánchez (se lo hicieron a AMLO en Villahermosa de 1986 a 1997).

Y después de que Néstor Kirchner reconstruyó a Argentina tras la crisis del 2001, han usado de todo contra su viuda Cristina Fernández, incluido un intento de asesinato. Finalmente esto va acompañado de un muro mediático de todas las estaciones de televisión, radio y periódicos corporativos, que encierran a sus auditorios en una realidad virtual con una narrativa a su conveniencia aunque no tenga relación alguna con la verdad. (*Profesor investigador CRIM UNAM, mañana segunda parte)