Poder Legislativo: lo que sigue es el pleito por las comisiones

Andan queriendo alborotarle la gallera a la bancada de Morena de la próxima legislatura que entrará en funciones en septiembre próximo. Azuzan a la oposición para que no acepte las comisiones que les asignen, sino que aspiren a mejores posiciones. 

El reparto de esos espacios siempre ha sido producto de una negociación política en el seno de la Junta de Coordinación Política. No habrá excepción a esa regla por más que quieran calentar a los futuros diputados opositores. Tampoco se trata de darle gusto a todos, menos a los que buscan protagonismo mediático.

Esa asignación, incluidos los cargos administrativos, se da conforme al peso específico que tendrá cada fracción parlamentaria de la LXV Legislatura. Ni más ni menos. Así que para que tanto brinco si el suelo está bien parejo. 

En los tiempos del otrora poderoso PRI, cuando era el partido hegemónico y dominaba el Congreso, siempre se despachaba con la cuchara grande, acaparaba las mejores comisiones y controlaba la estructura administrativa del Legislativo, dejaba al resto de las bancadas espacios de menor rango e importancia. 

Las fracciones minoritarias se tenían que conformar con lo que les ofrecieran. Era eso o nada. Formaban parte de las comisiones importantes no como “relleno”, como ahora se queja la oposición, sino al menos fijar posturas y debatir las iniciativas dictaminadas. 

De modo que la oposición no puede alegar agandalle a la hora que se asignen las comisiones legislativas. El mandato ciudadano, expresado en las urnas, le otorgó la representatividad y el liderazgo a Morena en la Cámara de Diputados y su fracción parlamentaria hará valer esa legitimidad, aunque no le guste a la oposición.

Falta poco más de mes y medio para que la nueva legislatura inicie su primer periodo ordinario de sesiones. Todavía ni se instala como tal ni rinden protesta los nuevos diputados locales y ya andan metidos en la grilla, en la politiquería. 

En la próxima legislatura recaerá la tarea de crear el marco legal al proyecto de gobierno del próximo gobernador, Javier May, el cual, dicho sea de paso, no estará sujeto a presiones ni a negociación.