ESTRICTAMENTE PERSONAL

José María Riobóo es un ingeniero con una experiencia amplia. Cuarenta y siete años de historia profesional, incluyen su participación en obras como las línea 9 y B del Metro y la cimentación de los segundos pisos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Es un profesional altamente reconocido, que formó parte del Comité de Seguridad Estructural después del terremoto de 1985. Riobóo ha sido desde hace más de una década el principal asesor del hoy presidente electo en temas de construcción, pero su nombre no es reconocido por el público en general como un respetado ingeniero en estructuras, sino como el hombre detrás de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y el resplandor de Santa Lucía como la futura terminal. En este campo, a menos que sepa algo que el mundo desconoce, está allanando el camino al mayor ridículo y costo que pueda tener López Obrador en el próximo futuro. 

La semana pasada acompañó a López Obrador a recorrer la Base Militar de Santa Lucía, donde el presidente electo grabó un mensaje repitiendo los argumentos de su asesor a favor de esa instalación, y aplastando de nueva cuenta el proyecto de Texcoco, que será cancelado una vez que asuma legalmente el poder. Fueron días de gloria pública para Riobóo, quien en las vísperas concedió una entrevista a la prensa al salir de la casa de la transición, sin desperdicio alguno y que, si las cosas no salen como él las pronostica, el espejo de su vergüenza eterna y una daga en la credibilidad y confiabilidad de López Obrador serán sus compañeras de vida.

Riobóo dijo en esa entrevista que Mitre “dice lo que quiere, (y) no hace falta”. El ingeniero se refería a la Corporación Mitre, que se fundó en 1958 como una empresa privada que desde su nacimiento estuvo vinculada con el Pentágono. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes la contrató para el análisis y rediseño del espacio aéreo en lo que iba a ser el aeropuerto en Texcoco y concluyó que la operación simultánea del actual aeropuerto “Benito Juárez” y Santa Lucía, no era viable.

El resumen del reporte entregado se lo presentó Mitre el 17 de agosto pasado a López Obrador, a Riobóo, al futuro jefe de Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a los siguientes secretarios de Comunicaciones y de Hacienda, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa, y a quien designó el presidente electo como el responsable de la obra en Santa Lucía, Sergio Samaniego. Nunca le gustó el resultado a Riobóo.

--Para usted, ¿Mitre no es confiable?, preguntó la prensa.

--Para mí, no, respondió.

--¿Ustedes no tendrán que ver nada con Mitre?, replicó la prensa.

--Todo lo contrario, contestó. Mitre se debe a sus antiguos patrones.

Riobóo probablemente pensaba que los “patrones” son el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero se equivoca. El estudio de Mitre, que sí contrató el gobierno, lo realizó su Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación, que es financiado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que se encarga de la regulación aeronáutica de ese país y que trabaja conjunta y estrechamente con la Organización de Aviación Civil Internacional, que reglamente la navegación aérea en el mundo. Mitre sigue siendo una empresa privada sin fines de lucro, y sus patrones actuales, si se define por “patrones” a quienes financian sus estudios, son el Departamento de Transporte de Estados Unidos, del que depende la FAA, el de Seguridad Interna y el Pentágono.

La descalificación de Riobóo ha ido de la mano de la de Jiménez Espriú, quien dos días después de la consulta sobre la cual López Obrador apoyó su anuncio de cancelación de Texcoco, afirmó: “Santa Lucía no necesita más estudios para su realización. Está confirmado que Santa Lucía y el aeropuerto ‘Benito Juárez’ funcionan. Lo que se tiene que hacer es la construcción del sistema aéreo para que se definan las rutas. Son cosas de detalle”. El Centro les había informado semanas antes lo contrario.

“Debido a la significativamente capacidad limitada de los procedimientos y la interferencia entre el flujo de tráfico de y para el AICM (el actual aeropuerto) y SL (la base militar)… el plan resultaría en la creación de un aeropuerto y un sistema aeroespacial severamente congestionado y complicado, que causaría retrasos y problemas de operaciones que impediría satisfacer la demanda de aviación a largo plazo en la Ciudad de México”, afirmó el reporte. Es decir, podrían existir los dos aeropuertos, pero no sólo sería inviable la operación simultánea, sino hacer que funcionen los dos, sin la dualidad, generaría más congestión y saturación que en la actualidad.

Mitre informó la semana pasada que un nuevo aeropuerto en Santa Lucía tardaría 10 años en estar concluido. “Es un berrinche”, reviró Riobóo descalificando una vez más a la principal empresa de seguridad aérea en el mundo. “Así lo veo, una patada de ahogado”. Su corajina puede costar muy cara. Al adelantar que Mitre no será consultado ni contratado para hacer un nuevo estudio sobre navegación y seguridad, abre la puerta para que la FAA no certifique a Santa Lucía como aeropuerto seguro.

Entonces, todas las rutas con destino a México en operación simultánea “Benito Juárez” y Santa Lucía contempladas en el Convenio Bilateral de Servicios Aéreos con Estados Unidos podrían ser cancelados. Y si la FAA lo hace, lo más seguro es que el resto de las aerolíneas internacionales sigan su ejemplo, gracias al arrebato de Riobóo y la tolerancia de López Obrador.

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