En el IMSS, Contra la Privatización Silenciosa

En la conferencia mañanera, el periodista Marco Olvera hizo una serie de preguntas enfocadas respecto a un tema: si el IMSS ha contratado empresas que han sido sancionadas o que han estado investigadas, particularmente para dos servicios: el de laboratorios diagnósticos y el de banco de sangre.

Esto no es una historia nueva, lleva muchos años e incluso aquí, en este mismo Salón de Tesorería en junio se hizo una explicación y una aclaración muy amplia, pero siempre es una buena oportunidad para volver a explicar qué ocurre y de dónde viene esta situación.

Desde su fundación en 1943, el Seguro Social daba de manera directa estos servicios; es decir, compraba los equipos, tenía insumos, las pólizas de mantenimiento y demás. El servicio se realizaba, además, en las instalaciones del Seguro Social, con personal del Seguro Social.

A partir del 2007 empieza un proceso que, en ésta, como en muchas otras áreas de procesos y áreas estratégicas del IMSS, se empezaron a privatizar; fue una suerte de privatización silenciosa en áreas estratégicas que, en muchos casos, pusieron en enorme vulnerabilidad al instituto frente a proveedores, lo mismo en temas de infraestructura y este no es la excepción.

En 2007, se empieza todo este proceso de subcontratación, se incrementa la participación de los privados y con el argumento de ahorros -o de cubrir ineficiencias-, en 2015 finalmente se entregan por completo todos los servicios. Desde entonces se empezaron a crear otro tipo de problemas: monopolios, colusiones y demás.

Solamente para darnos una idea del tamaño y las dimensiones de estos servicios, en el caso de laboratorios en el Seguro Social, en 556 laboratorios clínicos se conforman cerca de 374 diferentes estudios, se realizan 600 mil estudios todos los días. 192 millones de estudios al año. Los más comunes son la glucosa, que son 18 millones de estudios al año; la citometría hemática, 16 millones; es decir, son unas dimensiones enormes.

En el caso de banco de sangre, también son 58 bancos de sangre en todo el país, 111 centros de colecta y 233 servicios de transfusiones.

El primero, el de laboratorio, es un servicio para el que se erogan cuatro mil 300 millones de pesos al año; en el segundo, el tema de banco de sangre, mil 200 millones de pesos al año.

Aquí un brevísimo paréntesis. Agradecerle siempre a todo el personal de auxiliar de laboratorios, laboratorios clínicos y químicos clínicos, porque en COVID han estado también trabajando. Es pocas las veces que se les menciona, pero son quienes toman las muestras y las llevan al laboratorio, también tienen una función primordial para atender la pandemia.

Todo este proceso tiene una larga línea del tiempo. ¿Qué ocurrió?

En el año 2016, en marzo, se difundió en varios medios de comunicación posibles prácticas indebidas y acuerdos entre proveedores para segmentar el mercado para una licitación. Es decir, a partir de grabaciones y demás -esto fue muy difundido- se podía exhibir que se estaban poniendo de acuerdo en una suerte de pacto de no agresión para repartirse una licitación para la adquisición de servicios integrales; en particular, de laboratorio.

El 10 de marzo el propio IMSS presenta una denuncia (…) ante la Comisión Federal de Competencia Económica, la Cofece, el órgano regulador de competencia, que además había sido recientemente creado.

¿Cuál es el planteamiento de esa denuncia? Pues que había una práctica monopólica en virtud que diversas empresas, por conducto de sus representantes legales o directivos, se estaban poniendo de acuerdo dentro de ese proceso de licitación.

En abril de ese mismo año, 2016, se amplía la denuncia y la Cofece emite un acuerdo para el inicio de las investigaciones de manera formal.

Es hasta dos años y siete meses después, en noviembre del 2018, que la Cofece dicta un acuerdo de conclusión de la investigación, que no la resolución, solamente dice: ‘Ya concluyó la investigación y ésta se publica en el Diario Oficial’.

Y es el 15 de febrero de 2019 cuando la Cofece también emite un dictamen de probable responsabilidad y por lo que solicita al pleno de este órgano -que se encarga de evitar este tipo de prácticas, regula la competencia económica- ordenar el emplazamiento y un procedimiento en forma de juicio, pero todavía no resuelve.

Y el 18 de junio de este año ya, aquí también en la conferencia vespertina, producto -otra vez- de una publicación que argumentaba lo mismo, ‘el IMSS está contratando empresas que están siendo investigadas’. Se presentó toda una explicación.

Hay un problema. Cuando se está investigando a una empresa, esto no le impide participar y eso es problemático para nosotros, sobre todo porque habíamos presentado una denuncia en 2016.

Y pasan cuatro años y tres meses hasta que en julio de este año Cofece finalmente emite su resolución (…) donde se imponen multas a 11 personas morales, a 14 empresas; multas que tampoco los sancionan en términos de poder seguir participando y trabajando, solamente son multas.

Una de las 16 preguntas que hizo colega Marco Olvera fue: ¿a qué se debe la demora de Cofece?, ¿por qué se tardaron cuatro años? Pues nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, porque durante toda esa etapa las empresas siguieron participando en licitaciones, no sólo en el IMSS, en muchas otras instituciones.

El problema es que el resultado de las resoluciones de la Cofece, con todo y que es la autoridad reguladora, la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas.

Se dio cuenta y se dio vista a la Secretaría de la Función Pública y sabemos que hay un expediente y que se está trabajando en él. Pero aquí el problema es que incluso las propias instituciones que tenemos para evitar esto emiten resoluciones, que son multas altas, sí, son 600 millones de pesos entre estas 14 empresas, pero que no impiden que puedan seguir operando.

(* DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, IMSS, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, 15 de diciembre de 2020)