#ElIneNoSeToca

Dos cosas están muy claras en estos días: por un lado, la intención del presidente de apretar el yugo autocrático vía la reducción, cuasi eliminación del INE,  y por otro, la decisión de millones de mexicanos de no permitir que esto ocurra.  El Instituto es pieza clave: las obsesiones de poder del presidente—autonombradas como proyecto de transformación—no tendrían aseguradas su extensión en el largo plazo, si la organización mantiene la forma que, a lo largo de décadas, le han dado miles de mexicanos que saben que la democracia es el único sistema que garantiza que las diferencias, controversias y conflictos puedan ser dirimidos con civilidad.  El golpe al INE tiene, por tanto, intenciones políticas, primariamente, pero también sociológicas.

A lo largo de estos años, el presidente se ha encargado de debilitar todas las instituciones creadas para propiciar la división real de poderes.  Varios métodos ha ensayado para conseguir sus propósitos: reducción de partidas asignadas a ellas, desaparición de fideicomisos y disolución de los organismos vía decretos o con apoyo mayoritario de la bancada morenista en el Congreso.  A los otros dos poderes los ha maniatado promoviendo renuncias forzadas de personajes no afines, el encumbramiento de funcionarios leales y chantajes a políticos opositores cuyas acciones podrían frenar sus proyectos. 

El INE es la cereza del pastel y su aniquilación ha sido planeada para estos momentos, no sólo como estocada, sino como una estrategia político-electoral más que obvia: estamos en la víspera de las elecciones de Coahuila y el Estado de México, el año próximo, así como de la presidencial, el 24.  El presidente y su equipo cercano quieren evitar los riesgos que podrían surgir ante la posibilidad de algún triunfo opositor, especialmente en el Estado de México.  

Este ataque al INE expone, de manera por demás abierta y explícita, que el presidente desea revivir a plenitud los tiempos del control y la discrecionalidad que resultaron de la forma en la que el PRI moldeó al sistema político; sin embargo, en los tiempos actuales hay un agravante que no permite calificar al intento como simplemente una regresión.  En este sexenio, como en ninguno otro, el presidente ha empoderado al ejército de tal manera que sus líderes no sólo se han dado el lujo de despreciar citatorios del Congreso, sino que por primera vez han jurado lealtad a un régimen político y no al Estado mexicano.  Que el gobierno controle las elecciones, como ahora lo desea el presidente, no nos regresará a los tiempos previos al Instituto; nos proyecta hacia una dictadura.  El presidente tendrá, en una mano, una urna; en la otra, un fusil de alto calibre. 

Los pilares del discurso en contra del INE son los mismos que tan útiles le han resultado al presidente para descalificar todo aquello que no cuadra dentro de su perspectiva política centralizada y controladora.  Ha repetido hasta el cansancio que el Instituto consume muchos recursos y que sus miembros son corruptos.  Discurso simplista que, no obstante, además de redituar beneficios políticos al presidente, tiene implicaciones muy profundas, en nada relacionadas con la retórica superficial de desacreditación, repetida en las conferencias mañaneras.

El INE fue construido con la honesta y decidida participación de miles de mexicanos de las clases medias que resultaron de los procesos de movilización social que por años hicieron posible transformaciones demográficas y sociológicas de México.  El INE es resultado del capital cultural adquirido por millones de mexicanos a través de las instituciones de educación de todos los niveles, que ha hecho posible que un buen porcentaje de los miembros de esa amplia clase media se haya dedicado a tares profesionales, intelectuales y políticas.  El Instituto resultó de grandes análisis y debates civilizados—sin negar que muchos fueron álgidos—entre intelectuales y profesionales que se valieron de sus acervos de conocimiento universitario para diseñar caminos a través de los cuales el poder hegemónico priísta se transformara para modificar algunas prácticas autoritarias y para abrir camino a los grupos ciudadanos hacia una mayor participación y un mayor impacto en las decisiones políticas.