La función esencial de los institutos electorales

Los institutos electorales nacional y locales tienen en esencia la delicada tarea de organizar y arbitrar en primera instancia las elecciones, para las que despliegan previamente una serie de actividades, que como tales, no inician cuando comienza el proceso electoral sino por decirlo de alguna manera aunque pudiera parecer paradójico, al término del anterior, y son las que permiten que las tareas propias del proceso electoral se desarrollen con normalidad y transiten sobre carretera pavimentada, sin que esas actividades cesen al entrar al período que comprende el proceso electoral.

En realidad, lo que ocurre, es que cuando termina un proceso electoral comienza la preparación del venidero y al momento que éste llega, las tareas que lo anteceden se funden con las del propio proceso electoral.

La quintaesencia, trascendencia e importancia de los institutos electorales radica en que, de las elecciones que organizan de conformidad con la legislación electoral vigente, surge el poder político que se renueva cada determinado tiempo para integrar directamente en los ámbitos federal y locales, los poderes Ejecutivo y Legislativo e indirectamente el Poder Judicial, así como también los ayuntamientos de las entidades federativas y las alcaldías de la CDMX.

Sin pretender ignorar la presencia de los poderes facticos, que no se abordan por no ser tema de la columna, el poder político emanado de las elecciones lo es todo o casi todo, porque difícilmente escapa a sus políticas públicas, a las acciones de gobierno y a las decisiones políticas concentrado en el Estado, alguna actividad de la sociedad, incluidas las privadas, salvo las personales.

De ese tamaño es la responsabilidad de los institutos electorales en un primer tramo del proceso electoral, porque en el siguiente, una vez entregadas las constancias de mayoría con excepción de la de la presidencia de la República que la hace la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están las instituciones electorales jurisdiccionales para garantizar la constitucionalidad y legalidad de las elecciones, que igualmente realizan actividades muy sensibles, sin dejar de considerar que la acción de las mismas están antes, durante y después de todo proceso electoral.

Por ello, el cargo y ejercicio de la función electoral es relevante, trascendente y de suma delicadeza; quien ostenta una distinción de esta naturaleza, tiene la obligación legal y moral de cumplir con la ley y de corresponder a la confianza que le han conferido la sociedad, los partidos y los actores políticos.

Los requisitos y aduanas que la legislación establece para ser titular de una consejería, y la exigencia de no ocupar durante el lapso de dos años, después de dejar la consejería, posición alguna dentro de la administración pública, cuya integración haya surgido de la elección en la que fue árbitro, son saludables y acorde con la responsabilidad, lo que debe estar compensado al concluir el encargo.

La exigencia a las consejerías electorales es alta y no puede ser de otra manera, porque en cada elección está en juego el poder político, lo que implica el cumplimiento cabal de la ley y simultáneamente con base en ella, la procuración y el fortalecimiento de la confianza en los procesos electorales, en cuya consecución juegan un papel básico la educación cívica y la capacitación electoral.

Por diferentes motivos que carecen de sustento, ambas tareas, sobre todo la educación cívica, parecieran no ser del todo bien apreciadas y percibidas como sustantivas e importantes, al igual que ocurre con la educación en general que, a pesar de ser la columna vertebral del desarrollo de cualquier país, no aparece en las encuestas como preocupación fundamental, a diferencia de otros rubros vinculados con prácticas de la vida cotidiana, de indudable valor como la economía y la seguridad pública.

La cultura cívica es el cemento que une y da firmeza al tejido social, para lograr la cohesión. A semejanza de la educación en general, sus frutos no son de cosecha inmediata, porque sus resultados requieren de un largo proceso de incubación.

Por su parte, la capacitación electoral es el eje central de la profesionalización electoral para realizar con eficiencia y eficacia las tareas que competen, a fin de procurar garantizar los resultados que estas demandan.