La reforma electoral, mejor conocida como el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene polarizada la discusión pública. El presidente y Morena consideran que es un avance importante, garantiza que en las próximas elecciones no haya fraude electoral, se ejerza el voto libre y secreto y nunca más haya fraudes electorales. 

La oposición piensa lo contrario: que atenta contra la democracia participativa, busca destruir al INE, pone en riesgo la elección presidencial. Las posiciones son irreductibles, una confrontación que polariza aún más el ambiente político nacional.

Se ha debatido mucho el tema y la confrontación verbal se mantendrá hasta en tanto el Poder Judicial no resuelva la acción de inconstitucionalidad, esto es, que valide o invalide la reforma electoral.  

En diciembre pasado, Morena y aliados la aprobaron por mayoría en la Cámara de Diputados, que entre otros aspectos le resta facultades, estructura y recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), permitirá que los servidores públicos hagan pronunciamientos y se difundan pública por distintos medios establecidos en la ley.  

La reforma modifica las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

DE UN LADO A OTRO

Luego pasó al Senado de la República para su aprobación. El líder senatorial, Ricardo Monreal declaró que, en los términos que había sido enviada por la Cámara de origen, no se podía proceder de la misma manera, sino que se analizaría a fondo para evitar caer en “inexactitudes constitucionales”. 

Monreal proponía realizar más de 20 cambios a lo aprobado por los diputados, pero luego de discutir el tema con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se aceptaron cambios mínimos. 

Uno de esos cambios fue la llamada cláusula de vida eterna, que aseguraba a los partidos minoritarios conservar el registro, vía convenios de coalición, a pesar de no alcanzar la votación requerida por ley. 

Este regalo al PVEM no estaba contemplado en la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Fue incluido como parte de la negociación. El presidente fue consultado en una mañanera si estaba de acuerdo con esa modificación. La rechazó tajantemente y por eso la minuta fue regresada por el Senado para que se corrigiera y la Cámara volviera aprobarla en diciembre pasado. 

Ya no alcanzó a ser discutida en el Senado por haberse concluido el periodo ordinario de sesiones. Será discutida en febrero próximo, cuando se reanude la actividad legislativa.

Por lo pronto es un tema que sigue vigente en la discusión pública, con posiciones encontradas y antagónicas. 

CONTRA EL FRAUDE

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la reforma constitucional no contiene ninguna ilegalidad, pero que será la Corte la que tenga la última palabra. Aclaró que no se busca desaparecer al INE, sino modificar las reglas del juego para evitar que se cometan fraudes electorales y se garantice el derecho al voto. 

“Los que manejan el INE, que son los conservadores corruptos: Claudio X. González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierte en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente. Bueno, Calderón fue a España a decir que este mes se acababa la democracia en México porque iba a desaparecer el INE”, dijo.

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, presentaron el libro “La democracia no se toca". Convocaron a presentar acciones de inconstitucionalidad para frenar el plan B del presidente.

“El INE, los órganos electorales y estoy seguro la ciudanía, no dejaremos de presentar un solo recurso, ni acudir a ninguna instancia que nos permita controvertir esta constelación de inconstitucionalidades”, manifestó el consejero presidente. 

López Obrador ha dicho que no importa si la Corte invalida la reforma electoral, “la verdad, no pasaría nada, o sea, sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos”. 

Mientras la SCJN no resuelva, la discusión pública sobre la reforma electoral y el INE seguirá bajo la misma tónica entre los dos bandos.