Cartas del Trópico

* Élites económicas y financieras, con resortes en el Poder Judicial.  

El argumento de este texto lo ofreció la analista Blanca Heredia: "el Presidente López Obrador enfrenta poderes económicos y financieros que no necesitan las urnas para influir en el rumbo de México. Les basta su poderío material". (La hora de opinar, Foro TV, 25/10/2023) Con ello, la problemática social que se desprende es crucial: ¿cómo enfrentar a poderes que no responden a ningún control democrático y republicano?     

Este planteamiento refleja los problemas ´extralegales´ que padece la democracia mexicana: el Poder Ejecutivo ejerce funciones con intensidad, tiene legitimidad democrática (ganó con 30 millones de votos) y aceptación popular (70% en las encuestas 2023), pero no es suficiente para avanzar en todos los frentes el proyecto 4T de transformación. De ahí que, con tesón, AMLO mencione la necesidad del Plan C: obtener en 2024 la mayoría calificada en el Congreso, no sólo la Presidencia de la República.

PODER ECONÓMICO ANIDADO EN CURULES 

Las élites económicas y financieras de México actúan por fuera de los poderes institucionales. Ésa es la hipótesis que se desprende de la problemática planteada por Blanca Heredia: de manera indirecta, por terceras personas, la oligarquía mexicana está anidada en el Poder Judicial, donde se dictan fallos que involucran miles de millones de pesos y la legalidad de ciertos tipos de propiedad, y en parte del Poder Legislativo donde la oposición lleva la voz cantante para defender lo que queda de las reformas estructurales implementadas en el sexenio de Peña Nieto. El llamado Pacto por México de 2012/2013 parecía el último clavo en el ataúd, con miras a la privatización de servicios y energías. Fue hecho a la medida de la iniciativa privada, que ´votó´ junto con PAN, PRI y PRD que encabezaron la ´cargada´, decidida -por cierto- en conversaciones por fuera de las deliberaciones del Congreso. Al Congreso llegó todo planchado para activar 11 reformas estructurales, reconocieron a posteriori legisladores del PRIAN. Esto es lo que Morena no avaló y lo que quiere desmontar con el plan C de mayoría calificada en 2024. Para eso están las urnas: dirimen pacíficamente el rumbo del País. De cualquier manera, incluso si se logra en las urnas el respaldo ciudadano, existe otro bastión de los poderes discretos, aunque no por ello menos fácticos: el Poder Judicial de la Federación. 

PODER ECONÓMICO ANIDADO EN TOGAS

¿Es mediáticamente incorrecto, hoy, plantear la conexión entre élites económico/financieras y Poder Judicial? Así parece. En teoría política, la división de poderes, el equilibrio entre los mismos, resulta indispensable para visualizar plenamente una república. En este sentido, la autonomía del Poder Judicial es algo siempre deseable. Sin embargo, las prácticas del Poder Judicial obligan a repensar su funcionamiento, para procurar una república de cara a la ciudadanía y al bienestar de las mayorías. "No hay justicia jurídica sin justicia social", plantea el politólogo italiano Norberto Bobbio, como ha recordado aquí un colega.  

Lo que no pasa por las urnas son las sentencias judiciales que benefician de finas maneras al gran capital. Protección en la sombra y en los pasillos, donde no hay debate público. Desde esta perspectiva, cobra sentido estratégico la confrontación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aunque muchos analistas expresen que ahí se incuba una vocación autoritaria de AMLO. No ven el otro autoritarismo camuflado. 

Blanca Heredia lo planteó como parte de un contexto mundial de funcionamiento del gran capital: "Hay minorías muy poderosas, en México y en todas partes del mundo en el sistema capitalista, que suelen utilizar al Poder Judicial como uno de los elementos más importantes para proteger sobre todo sus derechos de propiedad". Esto no significa –para nada- eliminar la actividad de la iniciativa privada. Blanca Heredia precisó este punto: "AMLO quiere acabar con ciertos enclaves, a través de los cuales una parte de la oligarquía quiere frenar la reforma energética del Presidente". Son los actores privados que inciden en el Poder Judicial, quienes deben ser acotados en su influencia.  

"Limitar la posibilidad de que el gran capital pueda ponerle freno a las acciones que se consideran indispensables para beneficiar a los que menos tienen".

"El Poder Judicial ha sido el principal obstáculo para lograr la transformación tal y como la visualiza el Presidente López Obrador", sostiene la analista Vanessa Romero. De ahí la propuesta de que los Ministros de la Suprema Corte se elijan por votación abierta a la población.    

"Es un cambio de régimen, para hacer cosas que este régimen no le deja hacer a AMLO y la 4T", enfatizó Blanca Heredia con realismo político. La redistribución de recursos, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, es lo que parece en el centro del debate social.

Bajo este panorama de confrontación institucional, AMLO asume tareas de pararrayos. Esto debe discutirse a fondo, con visión democrática. Cuando el Presidente se coloca como aval/solución de problemas, ataja una discusión que compromete a otros actores institucionales, como el Ejército y la FGR.