DÍA CON DÍA

La revocación de mandato que se discute en el Senado acorta a la mitad el tiempo de gracia del gobernante electo y duplica las opciones de revancha de la oposición.

Su efecto en la oposición es que mantiene viva sin tregua la llama electoral: reduce su espíritu de colaboración y multiplica el de confrontación.

También puede reagruparla, volverla una sola fuerza opositora luchando unida para revocar el mandato del gobernante que les ganó.

Quienes han perdido en la primera elección alineados en distintos partidos o coaliciones pueden aparecer juntos tres años después para revocar el mandato de quien los derrotó, quitarle el poder y obligar a una imprevisible reposición de gobernante y de gobierno.

En un sistema de partidos como el mexicano, donde normalmente el partido en el poder es minoría frente al conjunto de la oposición, la elección intermedia, que normalmente pierden los gobiernos en funciones, podría convertirse en una ocasión metódica de cambio de gobernante.

Cada tres años, a la mitad de nuestros mandatos de seis, acudiríamos en México a la escenificación del día del juicio para los gobiernos electos, con toda la oposición votando en contra y el gobernante en funciones dedicado menos a gobernar que a contener, frustrar o sobornar la alianza de sus opositores.

Puede imaginarse el paisaje recurrente de inestabilidad gubernativa que traería la figura de la revocación de mandato. Sería como establecer una segunda vuelta diferida, no para definir cuál de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, sino para echar del gobierno al gobernante que no la alcance.

Se dice que los males de la democracia se curan con más democracia, pero el electoralismo sin fin que viene en la bolsa de la revocación de mandato, puede volverse una enfermedad más que una cura, puede ahogar a la democracia en la marea de una elección continua del Poder Ejecutivo.

La oposición es consustancial a la democracia, pero una oposición unida en la confrontación permanente por la permanente posibilidad de revocar mandatarios puede ser un atentado contra la estabilidad de los gobiernos democráticos y de la democracia misma.