DÍA CON DÍA

La suspensión de la ley de remuneraciones del servicio público emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán conduce a un callejón legal de difícil salida.

La Cámara de Diputados puede no acatar, como ha dicho, la suspensión decretada por el ministro, a saber, que no se use la ley de remuneraciones, recientemente aprobada por el Congreso, como guía para hacer el presupuesto de 2019.

La lectura política de la Cámara de Diputados sobre esta suspensión es que se refiere, en el fondo, a que no sean tocadas las remuneraciones de ministros, magistrados y jueces, pues eso violaría a la letra el artículo 94 de la Constitución.

La Cámara de Diputados se dispondría entonces a definir el presupuesto de acuerdo con la ley suspendida, salvo en lo tocante al Poder Judicial.

Con esta solución, la Cámara no perdería mucho del dinero que el gobierno quiere ahorrar con la reducción de sueldos a la burocracia y dejaría a la Suprema Corte como triste defensora solo de los ingresos de su gremio.

La lectura técnica de la suspensión dictada por Pérez Dayán es menos negociable de lo que se propone la Cámara.

Se trata de una suspensión general de la ley de remuneraciones y no puede aplicarse parcialmente: al Poder Ejecutivo sí, al Judicial no.

Hacer esto sería un acatamiento parcial de la ley, una oferta muy mexicana de negociación de la ley: aplico la suspensión a favor tuyo, Poder Judicial, porque te quejas, pero no a favor de la burocracia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Probablemente en esta fórmula terminará el presente episodio del litigio, pero no es una buena solución al problema de la suspensión decretada, pues ésta no distingue entre poderes: dice simplemente que la ley de remuneraciones está en duda constitucional y que no puede usarse como metro para hacer el presupuesto.

Si el Poder Legislativo no obedece esta suspensión general y emite un presupuesto que acepta solo parcialmente la suspensión, puede entrar en el supuesto de estar aprobando un presupuesto ilegal, sujeto a la posible inconstitucionalidad de la ley sobre la que está construido.