Damnificados y diferencias morenistas

Cuando el gobernador Adán Augusto López Hernández da a conocer una serie de medidas restrictivas con la finalidad de detener el repunte del coronavirus en el estado, la entrega de apoyos a los damnificados por las pasadas inundaciones por parte de la Secretaría del Bienestar federal se convierte en toda una romería para beneplácito de la Covid-19.

Sin duda Tabasco ha sido uno de los estados más castigados durante este fatídico año de 2020. Aun cuando contamos con un presidente del país tabasqueño y con un gobernador del mismo partido que cuenta con picaporte en Palacio Nacional, el impacto catastrófico de la pandemia y de las inundaciones ha provocado serios problemas en la salud, la economía y la infraestructura carretera y urbana de casi todo el territorio estatal. 

La distribución de los primeros apoyos a los habitantes de las 200 mil 400 viviendas censadas por las inundaciones tuvo serios inconvenientes en la logística implementada por la Secretaría del Bienestar federal, provocando aglomeraciones en medio del repunte del coronavirus. Personas de la tercera edad desvanecidas ante el suplicio del lento e interminable recorrido para obtener los anhelados 10 mil pesos que mitigaran un poco el sufrimiento y sus necesidades básicas.

Al parecer las diferencias políticas entre el secretario del Bienestar, Javier May, y el gobernador Adán Augusto López Hernández, la falta de coordinación institucional y la desesperación de los damnificados se combinaron para producir una bomba de tiempo que podría explotar en los próximos días con el colapso de los hospitales. 

El rebrote de la pandemia que obligó al gobernador López Hernández a decretar una serie de restricciones para el estado y al presidente AMLO a insistir en su llamado nacional de “quédate en casa” y evitar aglomeraciones, no bastó para instrumentar una logística de entrega de apoyos a los damnificados que permitiera reducir al mínimo las posibilidades de contagio del coronavirus.

Siendo la tierra del presidente AMLO, el secretario Javier May, que también es tabasqueño y conoce el comportamiento de sus paisanos, estaba obligado a realizar su tarea de manera responsable, ordenada y eficiente, sin exponer la salud y la vida de los damnificados.

¿Por qué en lugar de causar felicidad a sus paisanos damnificados les produjo un malestar mayor, a sabiendas del costo político que podría representar para el gobernador Adán Augusto y el presidente AMLO en las próximas elecciones? Realmente no lo sabemos, algunos sugieren incompetencia y otros las diferencias políticas que tienen con el gobernador.

Este ignominioso acto de entrega de apoyos pronto fue utilizado por los voceros del “Frente Ciudadano Unidos por Tabasco” (PRI, PAN y PRD), Manuel Andrade y Lorena Beaurregard, que se dieron vuelo en su ya de por sí aguda y ácida crítica a los gobiernos morenistas.

No se vale echarle la culpa a la necesidad de la pobre gente que vivió semanas de angustia y desesperación y que perdió su patrimonio, mucho menos a la que fue sacrificada para evitar una inundación mayor en Villahermosa. La autoridad tiene toda la capacidad instrumental y legal para conducir a la sociedad de manera ordenada y eficiente, para hacer bien las cosas. Así lo hace, por ejemplo, cuando la gente expresa su inconformidad bloqueando carreteras y llegan los antimotines para quitarlos conforme a la ley.

El caso es que el desorden ha permeado no solo en la entrega de apoyos a los damnificados, sino también en el levantamiento del censo, pues tanto la edil de Cunduacán Nidia Naranjo, como el delegado estatal de programas para el bienestar, Carlos Manuel Merino Campos, han señalado que muchas familias afectadas quedaron fuera del dichoso censo.

Tan fuertes han sido las críticas a nivel local y nacional que el presidente AMLO instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para que el ejército entregue los enseres domésticos casa por casa.

Esto habla de la ascendencia del gobernador Adán Augusto en el ánimo presidencial y de la responsabilidad que tiene para que la atención a los damnificados y la reconstrucción de la infraestructura dañada se lleve a cabo con la mayor eficacia y transparencia posible.

En el contexto de la pandemia y de las elecciones el desafío es enorme. Son más de 13 mil millones de pesos que, si bien serán ejercidos por el gobierno federal, tienen por objeto resarcir los daños ocasionados por las inundaciones en Tabasco y poner en marcha las acciones que eviten nuevas inundaciones.

Para evitar nuevos contratiempos y demostrar realmente que se trata de un gobierno no solo diferente sino mejor, el ejecutivo estatal deberá de implementar una estrategia que permita supervisar la correcta y eficiente aplicación de cada peso. Por eso, las dependencias estatales respectivas y la ciudadanía deberán de involucrarse en cada una de las etapas que se programen.