CUENTAS Y CUENTOS

Varios de los actuales consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Tabasco (IEPC), se han caracterizado desde su llegada al pleno de dicho instituto, por su interés en otorgarse buenos salarios y prestaciones.

Estas últimas las reciben hasta por su participación en las actividades para las que supuestamente concursaron para estar ahí. Es el caso de los famosos bonos electorales, que a pesar de intentar mantenerlos en secreto han salido a la luz pública.

No son los únicos privilegios que se han otorgado. También están sus sueldos por encima de lo estipulado por las leyes estatales. Llegando a simular recortes en los mismos vía nomina, pero que fueron compensados con la contratación de seguros de retiros en las que se agregan los recursos que vía nomina les habían quitado.

Salieron buenos para cobrar y beneficiarse de los recursos públicos que tienen a su disposición. Todo mientras los costos de sus errores los asume el erario.

Basta recordar el caso del pago del PREPET en la elección del año 2015 pagada a una empresa con más de 8 millones de pesos y que nunca funcionó. Los datos publicados en esos días daban cuenta de que el Instituto siempre supo de las fallas y no hizo nada, sin ninguna consecuencia para los consejeros.

Sobra mencionar que en esa misma elección se anuló el proceso electoral del municipio de Centro, por lo que se volvió a realizar con el consecuente gasto. Nuevamente se dieron a conocer las fallas del Instituto en la poca preparación de las personas que estuvieron al frente del proceso y no pasó nada.

El día de hoy, los consejeros siguen gozando de buenos salarios y a pesar del intento del ejecutivo federal y estatal en alienar a toda la administración pública en la austeridad eliminando sueldos altos y gastos suntuosos, este organismo autónomo es de los pocos que han puesto oídos sordos.

A pesar de no haberse reducido sus salarios ahora piden un incremento presupuestal para el año en curso o amenazan con despedir personal a partir del mes de junio.

Esto se da en medio de la difusión de los recursos solicitados para la realización de una consulta popular en la zona indígena de Vicente Guerrero en Centla, a solicitud de habitantes del lugar para conocer el interés en convertirse en el municipio número 18 del estado de Tabasco.

En dicho ejercicio ciudadanos el IEPCT planea gastar más de 6 millones y medio de pesos para consultar a varias comunidades que en conjunto no llegan a los 50 mil habitantes, cuando a nivel nacional consultas realizadas por el actual ejecutivo federal no superaron el millón y medio de pesos, aunque con miles de voluntarios, hay que aclarar.

Al revisar los gastos contemplados en este ejercicio se encuentran hasta pagos de boletos de avión, que en nada se justifican para una consulta popular en comunidades locales.

El IEPCT debe reflexionar desde su interior y evitar el despilfarro de recursos públicos. Debe entender que los tabasqueños ya no están para seguir manteniendo a virreyes en las instituciones públicas.

La nueva administración pública exige funcionarios responsables, solidarios y comprometidos con el que hacer público. Si lo que les interesa es el dinero pueden trabajar para ello, es legal y legítimo, pero no desde la una dependencia tan importante para la participación ciudadana, ya que su gusto por el dinero puede prestarse a especulaciones.

Dentro del Instituto hay consejeras que se han resistido a seguirle el juego al resto de sus colegas- Ojalá su ejemplo pueda ser multiplicado. Urge en este organismo estatal que se entienda el nuevo régimen.

SUMAS Y RESTAS

Los gobiernos estatales se tienen que poner al ritmo de la denominada Cuarta Transformación. Ya en la mesa de López Obrador está una primera evaluación de los primeros tres meses del año. A algunos super delegados ya los llamaron a cuentas…y no son cuentos.