CUENTAS Y CUENTOS
Acceso a la información, pilar contra la corrupción
Una de las promesas de los candidatos de Morena a todos los puestos de elección que estuvieron en juego el pasado proceso electoral fue el combate frontal a la corrupción. Con ello se busca ahorrar los recursos necesarios para el sostenimiento de los programas sociales.
El paisano que despacha en Palacio Nacional todos los días por la mañana ratifica que el acceso a la información es un pilar fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La opacidad solo abre espacio a la discrecionalidad y se convierte en cobijo de la pudrición institucional. Esto lo reiteró ayer en su intensa jornada en Tabasco, donde también reconoció la seguridad como condición fundamental para las inversiones y el desarrollo.
El tabasqueño pregona con el ejemplo. Dio a conocer su declaración patrimonial y pidió a todo su gabinete que quisiera seguir trabajando con él a hacer lo mismo. Con sus altibajos todos dieron cumplimiento.
En Tabasco el ejecutivo estatal, Adán Augusto López, siguiendo la pauta del proceso federal hizo público y en voz propia su declaración patrimonial. Algo nunca visto en Tabasco.
Sobra decir que es uno del reducido número de funcionarios estatales que han abierto al escrutinio público su patrimonio, esfuerzo de varios años de trabajo. Aunque todos han cumplido con la ley en la materia, la mayoría aún tiene reticencias a su exposición pública.
Sin embargo, es en el nivel municipal donde el asunto no ha quedado claro y donde hay más contradicciones. Algunos Ayuntamientos se han impermeabilizado para que la transparencia no llegue al corazón de la función pública y se conozca el destino de los impuestos que se pagan.
Lo anterior queda ratificado con el señalamiento realizado por el Instituto de transparencia del estado de Tabasco, ITAIP, que algunos Ayuntamientos del estado de Tabasco realizan prácticas dilatorias para retrasar la entrega de información pública a particulares.
El asunto no es nuevo, pero no deja de sorprender que se realice en gobiernos emanadas del movimiento denominado cuarta transformación. Entre los nombrados por el órgano garante la semana han destacado algunos por su resistencia a entregar información.
Hay otros que ni se han enterado –ni quieren enterarse- de la obligación de responder a las solicitudes de información a la ciudadanía. Falta mucho por hacer en esos casos,
El asunto se complica con la difusión de un tabulador de sueldos mínimos y máximos de los presidentes municipales del estado.
Vale la pena mencionar que nadie cobra el máximo señalado en dichos tabuladores, sin embargo, si es una forma de evitar que la sociedad sepa con certeza cuál es el sueldo mensual de un presidente municipal.
Algo sobre lo que el ITAIP ya se ha pronunciado y señalado que no es válido el uso de tabuladores de sueldos mínimos y máximo. A pesar de ello los Ayuntamientos, a excepción del de Comalcalco, siguen haciendo uso de dicho tabulador.
Finalmente hay que mencionar que son pocos los Ayuntamientos que tienen actualizados sus portales de transparencia. El sitio en internet en la que los sujetos obligados por la ley en la materia deben de colocar un cumulo de información a disposición de los particulares sin que medie solicitud alguna. Ahí hay otra tarea pendiente.
Los Ayuntamientos deben entender que la información sobre el quehacer público es pública y debe estar accesible a la ciudadanía interesada en conocer el funcionamiento del aparato gubernamental, los costos de las decisiones y los resultados de los mismos.
Simple transparencia que es fundamental para la rendición de cuentas. Lo que se aleje de ella solo servirá de caldo de cultivo para actos de corrupción. Aquello que se prometió erradicar,
Urge que los Ayuntamientos se abran. No hay nada que ocultar, pero más vale asegurarse.
SUMAS Y RESTAS
Sin duda polémica ha resultado la petición del presidente López Obrador para que los representantes de España y el Vaticano pidan un perdón público por lo sucedido hace 500 años con nuestros pueblos indígenas. Él hará lo propio a nombre del gobierno mexicano. Lo determinante, por supuesto, es resarcir en lo que se pueda el daño provocado a los habitantes originarios. Más que debate, justicia.