CUENTAS Y CUENTOS

A pesar de que en México existen desde el principio de este siglo los mecanismos institucionales para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública gubernamental, a más de 15 años de haber entrado en función la primera ley general de transparencia y acceso a la información, y a una década de estar vigentes las leyes estatales de transparencia y acceso a la información, los datos señalan que el derecho a la información no ha permeado en la ciudadanía, y todavía hay mucho trabajo por hacer para que la ciudadanía ejerza su derecho a la información.

Esto lo dicen los resultados de la métrica de gobierno abierto 2019, presentado ayer en el Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la información.

En dicho estudio se miden dos parámetros que inciden en un gobierno abierto. La primera es la relacionada con la transparencia y el acceso a la información, y la segunda con la participación ciudadana.

Los resultados difundidos por investigadores del CIDE con datos recabados desde mediados del año 2017 hasta mediados del 2018. El estudio abarcó desde solicitudes de información, la revisión de respuestas de las dependencias gubernamentales a los solicitantes.

Asimismo se realizaron otras acciones para tratar de que los gobiernos aceptaran propuestas ciudadanas en materia de política pública.

Los resultados de la métrica otorgan un 5.2 a nivel nacional, prácticamente todo país está reprobado, solo la Ciudad de México y el gobierno federal lograron un 6 de 10 puntos que podían lograr.

La única vertiente, de las dos calificadas, en la que salen bien los gobiernos estatales y federales son en materia de transparencia. En términos generales los gobiernos han dado cumplimiento a sus obligaciones de transparencia y dan respuestas a las solicitudes de información que reciben. La media nacional es de 6.4.

En la segunda vertiente calificada, Participación Ciudadana, es donde todos los gobiernos salen mal calificados. El promedio nacional es de 4.1 de diez. Esto se traduce en que si bien existen mecanismos de participación ciudadana en todos los niveles, éstos no siempre están en funcionamiento, no inciden en la deliberación o decisiones del gobierno o no se les da seguimiento a los acuerdos generados.

El estado de Tabasco repite las mismas calificaciones que a nivel nacional se obtienen.

La entidad obtiene un 5.2 de calificación en gobierno abierto. En la vertiente de transparencia llega a un 6.4, sin embargo, en participación ciudadana sólo llega a un 3.7.

Estos resultados obtenidos por el CIDE hablan de las ventanas de oportunidades que se abren para el nuevo gobierno estatal y federal. Gobiernos emanados de la izquierda con un fuerte discurso en materia de combate a la corrupción en donde la información gubernamental debe abrirse a la ciudadanía.

Ya se ha demostrado la afinidad del gobierno a esta característica en la administración pública, por lo que no será un problema. Los ejemplos a nivel federal y estatal sobran.

Sin embargo, debe consolidarse la integración de la ciudadanía en las políticas públicas que pasa por el fortalecimiento de los mecanismos para escuchar a la ciudadanía y sobre todo, el proceso institucional de análisis de viabilidad de dichas propuestas y en caso de ser asertivas integrarlas al quehacer público.

Si no pasa nada después de una deliberación con la ciudadanía estaríamos ante una simulación. El fin último no es obtener mejores calificaciones en las mediciones sino el fortalecimiento de la democracia participativa.   Los actuales gobiernos no van mal, pero pueden mejorar sustancialmente.

SUMAS Y RESTAS

Paciencia y colaboración, es lo que se requiere para enfrentar la grave crisis de inseguridad en el país. Tabasco no es la excepción. Los legisladores federales deben ayudar al presidente López Obrador para encontrar una fórmula pronta y eficaz contra los delincuentes. No es tiempo de titubeos.