A finales del año 2007 el entonces presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, decidió hacer frente a la delincuencia organizada con toda la fuerza del estado. Inició lo que se llamó la guerra contra el crimen organizado.

La reacción de los grupos delincuenciales no se hizo esperar y de forma más violenta, lo que convirtió al país en una enorme fosa clandestina.

El número de muertos en esta guerra superan las decenas de miles de personas junto a otro tanto de miles de desaparecidos.

Datos obtenidos por periodistas independientes señalan la existencia de cerca de 2000 fosas clandestinas en todo el país.

Estos crímenes no solo se han realizado por grupos delincuenciales. Las fuerzas armadas del estado también han estado involucradas en casos graves de violación a derechos humanos a través de ejecuciones extrajudiciales.

Ante el dolor de miles de familiares el estado mexicano mostró su cara indolente. A pesar de haber dispuestos de recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas a cargo de la Secretaría de Gobernación, ésta solo funcionó en la oficina creada sin ningún trabajo de campo.

Eran los propios familiares de las personas desparecidas quienes con sus manos y equipos caseros excavaron en miles de sitios en todo el país para encontrar a sus seres queridos.

Tabasco no quedó exenta de las consecuencias de esta guerra iniciada por el panista hace más de una década.

Las muertes y desapariciones se dispararon a partir del año 2007 y se tiene reporte de diversas fosas clandestinas ubicadas en algunos municipios del estado, así como un número de cuerpos en manos de la FGE que no han sido identificados.

El asunto tan doloroso para el país fue retomado por el entonces candidato de Morena de la pasada elección para presidente de la república, quien se comprometió que en caso de ganar acabaría con la guerra iniciada en los sexenios anteriores y apoyar a los familiares de los desaparecidos.

Su compromiso se vio cristalizado desde el proceso de transición cuando ordenó la realización de reuniones con las víctimas de violencia para entre todos integrar un plan nacional para su atención. Para el caso de desaparecidos se creó una comisión especial para darle seguimiento del caso más emblemático, el de los normalistas de Ayotzinapa.

Ahora, junto al subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, el tabasqueño presentó ayer el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

Un plan de acción inmediata contenida en 11 puntos, para el cual se destinarán este año cerca de 400 millones de pesos.

La prioridad en un primer momento será la localización de personas con vidas que se encuentren como desaparecidas. Investigar los casos y castigar a los responsables.

Las acciones comprometidas ayer lunes pasan desde el nombramiento de un titular de la Comisión Nacional de búsqueda de personas desaparecidas, la modificación de diversos protocolos de investigación y la creación de nuevas.

Así como la creación del Instituto Nacional de identificación forense como parte de las acciones del programa, mismas que fueron consensadas con organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El compromiso más grande del gobierno federal es la no repetición de estos actos en la que participen elementos del estado y reforzar acciones para evitar que estas sean realizadas por particulares.

Recuperar la tranquilidad de los mexicanos es el objetivo último.

SUMAS Y RESTAS

A marchas forzadas trabajan los encargados de las auditorías en las distintas dependencias del gobierno estatal. Es preciso saber cómo realmente les dejaron las cuentas los funcionarios salientes. Los números no cuadran. Aún no se tiene certeza del hoyo financiero que pesará por lo menos durante todo 2019.