Comisiones de la verdad

Se acaba de anunciar la conformación de una Comisión de la Verdad para indagar el quebranto financiero del fondo de pensiones del ISSET. La puesta en marcha de esta histórica iniciativa deberá colocar a dicho Instituto y al resto de la administración pública estatal y de sus municipios, en un punto de no-retorno en materia de irregularidades financieras de facto y de jure. La justicia transicional aplicada en entidades como Oaxaca y Guerrero, o en la vecina Guatemala, por fin se asoma en Tabasco.

Como lo leímos en Presente, en su edición del pasado jueves 17 de octubre, el gobernador Javier May solicitará al Congreso del Estado la creación de una "Comisión de la Verdad" para investigar las causas de la quiebra del fideicomiso del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). Y añadió que "no habrá impunidad", es decir, que se deberá castigar a los responsables.

¿Por qué una Comisión de la Verdad y no la mera aplicación del marco jurídico vigente?

De acuerdo con nuestros amigos que estudian a profundidad los temas de la justicia transicional en Nueva York (ICTJ), una comisión de la verdad es un organismo oficial de carácter no judicial, que se crea durante periodos de cambio político para "esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos". Su propósito último es doble: romper con un pasado autoritario, en este caso de corrupción institucional, y restaurar los cimientos morales de la sociedad.

Parece que el escenario de la nueva administración del llamado "Gobierno del Pueblo" encuadra en el supuesto anterior. En primer lugar, se enfrenta a una serie de irregularidades y delitos que quiere esclarecer; busca definir un punto de quiebre con las administraciones del pasado que no rendían cuentas a la población; además, existe la voluntad política del ejecutivo para restaurar los cimientos de una institución y la exigencia de los trabajadores de una garantía de no-repetición.

Para una mayor eficacia, las comisiones de esclarecimiento histórico cuentan con respaldo de los poderes legislativo y ejecutivo, como sucedió en la década pasada en Guerrero y Oaxaca, para esclarecer graves violaciones de derechos humanos. El caso oaxaqueño tuvo como punto de partida una "Ley que crea la Comisión de la Verdad" en la que se definió como facultad expresa "investigar hechos históricos de naturaleza social, política y jurídica para conocer la verdad material", dentro de un mandato temporal (años 2006-2007)  y un límite de intervención

Sus atribuciones fueron concretas y expresas: recibir testimonios y establecer mecanismos para el aporte de información; investigar las condiciones políticas, administrativas y jurisdiccionales de las instituciones involucradas; solicitar la colaboración de los tres niveles de gobierno; acceder a la información institucional sin restricciones; y, de forma específica, "denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito o delitos a los órganos jurisdiccionales, administrativos y autónomos, para que, implementen las acciones legales".

El perfil de una Comisión de la Verdad debe garantizar un mínimo de autonomía plena para el ejercicio de sus tareas, y a partir de la composición de sus integrantes, por lo que sería deseable una comisión de personas expertas independientes, con probada honorabilidad, sin conflicto de interés con la materia a investigar. ¿Podrían los legisladores cumplir con esa independencia? Posiblemente no, si sus partidos se involucraron en la modificación del marco legal y aprobación de reportes de ejercicios financieros del ISSET.

Podría caber la duda si en el caso del ISSET, se trata sólo de un asunto administrativo o lo es también de derechos humanos. Sostenemos que sí están involucrados los derechos fundamentales por doble partida. Por estar en juego el derecho a la verdad, derecho colectivo central, y debido al riesgo de incumplimiento de los derechos laborales de la base trabajadora.

Recuérdese, finalmente, que esta iniciativa puede tener un respaldo internacional, ya que existe una Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) cuyo Mecanismo de Seguimiento ya han adelantado una parte de la tarea, al emitir al Estado mexicano una serie de recomendaciones que se podrían adaptar al caso tabasqueño.

Por supuesto que se puede atacar, sanear y reducir la corrupción en las finanzas públicas, en todos los aspectos de ingresos, gastos, inversión y deuda, a fin de evitar el desvío del gasto público y de los fondos de pensiones de trabajadores estatales. No hay espacio suficiente para adelantar el carácter de los instrumentos legales de los que los miembros de la futura Comisión podrán hacer uso. Pero se espera que todos los actores políticos sean consecuentes con esta iniciativa que redundará en el saneamiento de las finanzas públicas, en una gobernabilidad financiera sostenible y en el respeto irrestricto a los derechos de la base trabajadora. 

(Vega Báez es Maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; fue Coordinador Académico de la Universidad Benito Juárez en Comalcalco, Tabasco. Nuevo colaborador de PRESENTE)